La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá y cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, será imputado el próximo 5 de mayo por al menos cuatro delitos, entre los que se incluye el homicidio en persona protegida. Esta decisión surge de una investigación penal en curso liderada por un equipo especial de tareas de la Fiscalía General, a pesar de que las órdenes de captura contra él permanecen suspendidas mientras actúa como vocero en las negociaciones de paz del Gobierno con las disidencias. Además, la Fiscalía ha solicitado al presidente de la República, Gustavo Petro, información sobre la permanencia de alias Calarcá en las mesas de diálogo, una petición que aún no ha recibido respuesta dentro del plazo legal para derechos de petición.
El proceso se enmarca en la Directiva 0003 de la Fiscalía, emitida el 10 de julio de 2025, que permite avanzar en las investigaciones y audiencias incluso con la suspensión de capturas. Los beneficiarios de esta medida quedan en libertad si son arrestados en flagrancia, salvo en casos de delitos de lesa humanidad que requieren control judicial. La reactivación de las órdenes de captura contra alias Calarcá es competencia exclusiva del presidente Petro, lo que añade complejidad al caso que involucra también a otros cuatro miembros del Frente 33 en solicitudes similares dirigidas al mandatario.
Equipo especial y avances en la investigación
Desde el inicio de la revisión del caso, la Fiscalía conformó un equipo especial de tareas para agilizar el proceso, lo que ha permitido fijar la fecha de imputación para el 5 de mayo en sus instalaciones en Colombia. Los delitos imputados abarcan no solo el homicidio en persona protegida, sino otros crímenes graves que han sido objeto de una pesquisa meticulosa, manteniendo el rigor judicial pese a las suspensiones derivadas de su rol en las mesas de paz.
«Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo.»
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
«Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo.»
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha cuestionado la efectividad de estas medidas, argumentando que sin reactivar la orden de captura, cualquier imputación resulta accesoria. En este contexto, Rendón enfatiza la necesidad de priorizar la captura para evitar liberaciones futuras por parte de las fuerzas militares o policiales.
«Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo (…). ¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? Lo que tiene que hacer la fiscal General de la Nación es reactivar la orden de captura de Calarcá.»
Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia
Este desarrollo judicial pone en el centro del debate la tensión entre los procesos de paz y la justicia penal en Colombia, donde figuras como alias Calarcá transitan entre su rol como negociador y las graves acusaciones en su contra, incluyendo al menos cuatro delitos que podrían alterar el curso de las conversaciones con las disidencias de las Farc.
