La Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Corantioquia, confirmó la vigencia de los permisos ambientales para la mina legal La Mandinga, ubicada en la vereda Río Man de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, a solo un kilómetro del batallón militar local. Esta licencia ambiental temporal, otorgada en 2022 para la explotación de oro y plata bajo la placa ODH-08201, contrasta con la denuncia del Ejército Nacional, que reporta la presencia de entre 2.000 y 2.500 personas dedicadas a la extracción ilegal de minerales en un predio gestionado por el Fondo de Reparación a Víctimas. Estos pronunciamientos surgen tras la investigación publicada por The New York Times, que alertó sobre actividades mineras irregulares en la zona con presunto respaldo de autoridades y vínculos con el Clan del Golfo.
El Gobierno colombiano inició una investigación en respuesta a la denuncia del medio estadounidense, que describe una mina ilegal operando cerca de una base militar, con comercialización de oro hacia Estados Unidos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer resultados públicos. Corantioquia ha reportado desde 2011 actividades mineras en la región a la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, e insiste en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y promover la formalización minera para regularizar estas operaciones.
Detalles del proyecto y alertas institucionales
El proyecto Mina Mandinga cuenta con una licencia ambiental temporal para un primer polígono, mientras que un segundo polígono se encuentra en trámite sin aprobación ambiental aún. El predio en cuestión, administrado por el Fondo de Reparación a Víctimas, está bajo investigación por un posible amparo administrativo que podría explicar las discrepancias entre la minería legal permitida y las denuncias de extracción ilegal masiva. A través de comunicados de prensa y articulación interinstitucional, las entidades involucradas buscan esclarecer la legalidad de las operaciones en una zona históricamente conflictiva por la minería informal.
Esta situación pone de manifiesto las tensiones entre la minería formal y las actividades ilícitas en el Bajo Cauca, donde Corantioquia y el Ejército Nacional llaman a una mayor vigilancia para evitar el avance de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, en un contexto de informes acumulados durante más de una década.
