La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, que estaba programado para el 4 de mayo de 2026, específicamente para las entidades sin ánimo de lucro adscritas al régimen especial y aquellas en proceso de liquidación. Esta decisión, tomada en el país mientras se analiza de fondo la constitucionalidad de la medida, responde a dudas relevantes sobre su ajuste a la Carta Magna, ofreciendo un respiro temporal a las organizaciones afectadas.
La medida no elimina la obligación tributaria subyacente, sino que solo pausa su exigibilidad, lo que representa un alivio inmediato para miles de empresas que enfrentan problemas de liquidez y falta de claridad normativa. Expertos en materia tributaria coinciden en que se trata de un paliativo temporal, obligando a las entidades a mantener provisiones financieras ante un eventual pago futuro y dejando un velo de incertidumbre jurídica sobre el panorama fiscal.
Reacciones del sector empresarial
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia y de la Cámara Colombo Americana, celebró la suspensión como un alivio parcial, aunque enfatizó que no es una resolución definitiva. Esta postura subraya la necesidad de seriedad, consistencia y respeto por las normas en el manejo tributario, en un contexto donde las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y en liquidación ven aliviada su carga inmediata, pero persiste la tensión por la revisión de fondo que adelanta la Corte.
«La suspensión de la segunda cuota del impuesto al patrimonio es un alivio parcial, no una decisión definitiva»
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana
«Se requiere seriedad, consistencia y respeto por las normas»
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia
En este escenario, Lacouture instó a la Corte a adoptar una decisión de fondo pronta y sólida que devuelva al país claridad, confianza y estabilidad, cerrando así un capítulo de incertidumbre que impacta directamente en la planificación financiera de numerosas organizaciones. La expectativa ahora recae en el pronunciamiento definitivo de la alta corte, que podría redefinir las obligaciones patrimoniales para estos actores clave del tejido social y económico colombiano.
«Ojalá la Corte adopte una decisión de fondo pronta y sólida, que le devuelva al país claridad, confianza y estabilidad»
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia
