El Ministerio de Defensa de Colombia descartó cualquier explotación minera por parte del Clan del Golfo dentro del Batallón de Rifles en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez. Esta verificación se realizó recientemente en respuesta a informes y rumores sobre actividades ilícitas de extracción de oro en la unidad militar, involucrando a autoridades civiles, militares y equipos técnicos que revisaron el terreno y los linderos de la base.
La inspección identificó minería ilegal en predios colindantes, específicamente en la finca La Mandinga, que abarca aproximadamente dos mil hectáreas y donde operan entre dos mil y dos mil quinientos mineros ilegales sin título legal. Estos terrenos pertenecen al Fondo para la Reparación de Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y están asociados a mineros artesanales vinculados a esa zona.
Contradicción a rumores y acciones inmediatas
La verificación contradice versiones periodísticas recientes y rumores, incluyendo documentación de The New York Times sobre oro que habría financiado al Clan del Golfo, al confirmar que no hay tales actividades dentro de la base militar. El Gobierno anunció una estrategia integral contra la minería ilegal, que incluye diálogo con comunidades, medidas sociales, económicas, legales y de seguridad, ante el severo e irreversible impacto ambiental que genera esta práctica. Se identificaron discrepancias entre los linderos oficiales del Catastro y las escrituras públicas, por lo que se inició una revisión jurídica y técnica pendiente.
«Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública.»
Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa
Como parte de las acciones, el Ejército Nacional realizó una misión de inspección, incautó y destruyó maquinaria pesada, y judicializó a los responsables en coordinación con autoridades ambientales y judiciales. Desde 2022, el Ejército ha remitido reportes a la Fiscalía y la Procuraduría sobre estas actividades. Las autoridades recordaron las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias ciudadanas sobre minería ilegal.
