La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia al registrar, en lo corrido de 2026, 26 eventos de confinamiento impuestos por grupos armados que afectaron a 39.807 personas, un mecanismo de control territorial cada vez más predominante sobre los desplazamientos masivos. Además, se contabilizaron 40 eventos de desplazamientos que impactaron a 7.768 individuos, con marzo destacándose como el mes más crítico con 12 confinamientos que confinaron a 18.862 personas y 13 desplazamientos que movilizaron a 1.662.
Estos hechos se concentran en regiones como Cauca, donde 9.300 personas sufrieron confinamientos; Magdalena, con 1.960 desplazados; y otros departamentos como Nariño, Chocó, Norte de Santander, Caquetá y Antioquia. En marzo, Chocó y Nariño registraron alrededor de 6.000 afectados cada uno por confinamientos, mientras que los desplazamientos en Nariño sumaron 724 personas, Norte de Santander 515, Caquetá 164 y Antioquia 115. Grupos como el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada imponen restricciones de movilidad, permisos informales, vigilancia permanente, prohibiciones para salir, límites horarios y control sobre el transporte de alimentos, todo en pos de economías ilegales y dominio territorial en zonas de disputa.
Impacto profundo en comunidades vulnerables
El reporte de la Defensoría evidencia un cambio en las dinámicas del conflicto armado, donde el confinamiento gana terreno como herramienta de dominio frente al desplazamiento tradicional, afectando gravemente el acceso a alimentos, salud, educación y trabajo en municipios pequeños con escasa presencia institucional. Las consecuencias se extienden a la salud mental de la población, la deserción escolar infantil y el colapso de economías locales, demandando respuestas humanitarias y de seguridad diferenciadas.
Intersección con flujos migratorios
En paralelo, el flujo de 25.585 migrantes irregulares, de los cuales 25.356 son venezolanos, atraviesa estas zonas de violencia, exacerbando la vulnerabilidad en regiones donde las estructuras ilegales ejercen un control asfixiante. La Defensoría urge acciones inmediatas para mitigar esta escalada que amenaza la estabilidad social en el país.
