El gobierno ecuatoriano, a través del Servicio Nacional de Aduana del país vecino, impuso aranceles del 100 por ciento a la mayoría de las importaciones provenientes o originarias de Colombia, medida que entró en vigor a partir de la medianoche del 1 de mayo e intensifica la tensión comercial bilateral entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. Esta resolución afecta productos colombianos en general, con excepciones notables para el petróleo y la generación energética, y se aplica en todo el territorio ecuatoriano, incluyendo la frontera común con Colombia.
La escalada de estas tarifas responde a preocupaciones por la seguridad en la frontera compartida y al deterioro progresivo de las relaciones bilaterales. Previamente, en febrero Ecuador había aplicado una tasa de seguridad del 30 por ciento, que subió al 50 por ciento en marzo, mientras que Colombia respondió suspendiendo la interconexión eléctrica y restringiendo el ingreso de arroz y banano ecuatorianos. Ahora, con el arancel del 100 por ciento vigente, el costo del transporte de petróleo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano se encarece drásticamente, pasando de 3 a 30 dólares por barril, lo que agrava el panorama para el comercio.
Impacto en empresarios y trabajadores fronterizos
Empresarios, exportadores y trabajadores de la zona fronteriza expresan profunda preocupación por el encarecimiento de productos, la posible pérdida de empleo y los efectos negativos en el intercambio comercial bilateral. En marzo, operaciones militares ecuatorianas en la frontera detectaron un artefacto explosivo que cruzó hacia Colombia sin detonar, sumado a acusaciones mutuas de incursiones de grupos armados en territorio ecuatoriano, lo que ha generado declaraciones cruzadas entre los presidentes Noboa y Petro. Ante esta situación, se multiplican los llamados a un diálogo urgente y las consultas entre embajadores para buscar una salida a la crisis.
La entrada en vigor de estos aranceles marca un punto crítico en las relaciones entre ambos países, con potenciales repercusiones económicas que podrían extenderse más allá de la frontera, afectando cadenas de suministro y la estabilidad regional en un contexto de crecientes tensiones de seguridad.
