El Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana ha dado a conocer un informe que expone la precaria situación del trabajo doméstico remunerado en Colombia, donde solo el 14 por ciento de las empleadas domésticas cotiza al sistema de pensiones, a pesar de que el sector emplea a más de 703 mil personas, de las cuales el 91 por ciento son mujeres. Este dato resalta la alta informalidad que afecta al gremio, con tasas que oscilan entre el 70 y el 83 por ciento en general, alcanzando el 80 por ciento entre las trabajadoras del hogar y hasta el 98 por ciento en el caso de las mujeres migrantes.
El informe detalla que el ingreso promedio mensual de estas trabajadoras asciende a 926.361 pesos, por debajo del salario mínimo legal vigente, y que el 62 por ciento percibe ese monto o menos. En zonas rurales, la situación es aún más crítica, con el 65 por ciento ganando menos de la mitad del salario mínimo, es decir, menos de 600 mil pesos. Respecto a las jornadas laborales, el promedio semanal es de 41,6 horas, pero el 26,8 por ciento supera las 48 horas establecidas como límite, especialmente entre las empleadas internas que pueden laborar hasta 11 horas diarias.
Implicaciones de la informalidad y precariedad
La informalidad en este sector implica la falta de acceso a servicios esenciales como salud, pensiones y protección contra riesgos laborales, dejando a miles de mujeres en una vulnerabilidad extrema. El informe subraya cómo esta realidad persiste pese a esfuerzos por visibilizar el problema, como las campañas de CARE Colombia bajo el hashtag #ElTrabajoDomésticoEsTrabajo.
La Ley 2466 de 2025 busca formalizar el sector
En respuesta a estas cifras alarmantes, la Ley 2466 de 2025 introduce medidas obligatorias para la formalización del empleo doméstico, exigiendo contratos escritos, registro en la Plataforma de Liquidación Integrada de Aportes (Pila) y contribuciones a salud, pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y cajas de compensación. Esta norma elimina los acuerdos verbales y presume la existencia de un contrato indefinido en ausencia de documentación formal. Además, permite aportes por tiempo parcial sin que las trabajadoras pierdan el régimen subsidiado, abriendo una ventana para una mayor inclusión en el sistema de protección social.
Este informe del Observatorio Laboral pone sobre la mesa la urgencia de implementar estas reformas para dignificar un oficio esencial que sostiene a innumerables hogares colombianos, pero que aún arrastra profundas desigualdades de género y regionales.
