El Consejo de Estado de Colombia, a través de su Sección Quinta y bajo la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, admitió el pasado 30 de abril de 2026 una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, representante legal de la veeduría ciudadana “Control Social y Efectivo”, contra las congresistas María Fernanda Carrascal Rojas y Laura Daniela Beltrán Palomares, ambas representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora María del Mar Pizarro García. La acción busca anular su elección para el periodo legislativo 2026-2030 por presunta doble militancia e irregularidades en el cumplimiento de las reglas de disciplina partidaria, aunque el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional de sus credenciales.
La demanda se fundamenta en la participación de las tres políticas en la consulta interpartidista del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, destinada a ordenar las listas al Congreso de la República, seguida de su inscripción en la coalición Pacto Histórico Bogotá para la Cámara Territorial en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Según el demandante, Carrascal Rojas y Pizarro García no renunciaron a sus compromisos con el Pacto Histórico con al menos 12 meses de antelación, mientras que Beltrán Palomares quedó comprometida por su involucramiento en esa consulta inicial, lo que vulneraría las normas partidarias.
Rechazo a la suspensión provisional
El auto del Consejo de Estado rechazó la medida cautelar de suspensión provisional de las curules, argumentando la falta de elementos probatorios suficientes, y notificó a las demandadas, así como a entidades como el Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación. De esta forma, las congresistas mantienen sus escaños vigentes mientras avanza el proceso de nulidad, que ahora entrará en la fase de valoración de pruebas, incluyendo el alcance de la consulta interpartidista, la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico, y la inscripción de las candidaturas.
Otras demandas en trámite
En paralelo, el Consejo de Estado también admitió otras demandas relacionadas con las elecciones legislativas, como la presentada contra el representante Germán Rogelio Rozo Anís, del Partido Liberal por Arauca, por presunto tráfico de influencias y uso de recursos públicos. Asimismo, José Trinidad Sierra Sierra reclama la curul de Arauca asignada a Manuel Alexander Pérez Rueda, del Centro Democrático, en un contexto de múltiples impugnaciones que marcan el inicio de un intenso escrutinio judicial sobre los resultados electorales.
Este fallo inicial del Consejo de Estado abre la puerta a un debate más amplio sobre la disciplina partidaria y la pureza de los procesos electorales en Colombia, donde las curules del periodo 2026-2030 permanecen en juego mientras se resuelven las pruebas y alegatos en las próximas etapas del proceso.
