La Gobernación del Atlántico, a través de su secretario de Interior, José Antonio Luque, y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, confirmó que se pierden diariamente 1,5 millones de litros de agua, equivalentes a 1.500 metros cúbicos y al consumo de unas 12.000 personas, debido a conexiones ilegales en zonas rurales. Esta situación, detectada en operativos técnicos y policiales recientes, ha llevado a la identificación de redes clandestinas que desvían el recurso para riego y actividades agroindustriales sin autorización, comprometiendo el suministro público en municipios como Manatí, Polonuevo, Sabanagrande, Luruaco y Repelón.
En Manatí, por ejemplo, se hallaron 33 conexiones ilegales, donde de los 22 litros por segundo bombeados, solo llegaron cinco al sistema, lo que representa una pérdida superior al 80 por ciento. Estos desvíos ocurren en puntos sensibles antes de los sistemas de acueducto comunitario, afectando a cerca de 40.000 habitantes con interrupciones frecuentes, presión insuficiente y riesgos sanitarios, en un contexto agravado por el fenómeno de El Niño. Las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de pesos, y ya se identificaron los propietarios de los predios privados que reciben el agua sin medición ni control.
Denuncias penales y operativos continuos
La Gobernación iniciará procesos penales por defraudación de fluidos, entregando las denuncias a la Fiscalía General de la Nación para perseguir judicialmente a los responsables. Los operativos, realizados en conjunto con la Policía Nacional y la empresa operadora, continuarán para garantizar la estabilidad del servicio y proteger el recurso hídrico de los atlanticenses.
“Hoy continuamos con los operativos contra el hurto del agua, incrementando así las denuncias (…), denuncias penales que están siendo entregadas a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de llegar a las últimas consecuencias judiciales contra las personas que le roban el agua a nuestros atlantisenses”
José Antonio Luque, secretario de Interior de la Gobernación del Atlántico
Esta alerta oficial subraya la urgencia de erradicar estas prácticas que no solo generan un impacto económico significativo, sino que también amenazan la equidad en el acceso al agua potable en las zonas rurales del departamento.
