Miembros de la Primera Línea tomaron por varios días la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en la calle 53 de Bogotá, para exigir la liberación de sus compañeros detenidos por actos de vandalismo cometidos durante las protestas de 2021. La ocupación, que se desarrolló de manera reciente y en bajo perfil, incluyó la evacuación de los empleados del edificio y culminó con el abandono del lugar tras negociaciones discretas cuyo acuerdo no se ha hecho público.
Esta acción reaviva el debate sobre los disturbios de 2021, justo después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera una sentencia que concluye la existencia de estructuras clandestinas involucradas en esos eventos, con nexos a la criminalidad urbana y a las disidencias de las FARC, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez. Los hechos atribuidos incluyen ataques a la Fuerza Pública, daños masivos al sistema TransMilenio y actos calificados como terrorismo urbano, aunque el tribunal reconoció la legitimidad de las manifestaciones pacíficas pero destacó la planificación delictiva detrás de la violencia.
Condenas severas y contexto de las protestas
La sentencia se basó en interceptaciones telefónicas, seguimientos y testimonios que probaron la organización de estos grupos, resultando en condenas de hasta 19 años de prisión para los implicados, acompañadas de multas millonarias. Aquellas protestas de 2021 dejaron decenas de muertos en medio de un clima de tensión social que ahora vuelve a encenderse con esta ocupación, marcada por el hermetismo en las negociaciones y su rápida resolución sin mayores incidentes públicos.
El episodio subraya las secuelas persistentes de aquellos días de caos en Colombia, donde la línea entre protesta legítima y acciones violentas sigue siendo un punto de fricción en el debate nacional sobre justicia y derechos humanos.
