La Contraloría General de la República emitió una advertencia el 5 de mayo de 2026 dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), alertando sobre múltiples riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza en la formulación y ejecución de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa), especialmente en municipios rurales de categorías cinco y seis en Colombia.
Anwar Salim Daccarett, delegado de la Contraloría para el Sector Agropecuario, identificó una falta de coordinación interinstitucional, insuficiencia de información técnica, jurídica y geoespacial, así como deficiencias en la planeación, lo que genera una desarticulación con la realidad territorial y ausencia de una planeación integral. Estos problemas comprometen la consistencia técnica, financiera e institucional de las iniciativas, impactando la seguridad jurídica, la viabilidad fiscal, las inversiones rurales, la economía local, los servicios básicos, la minería, la infraestructura y la protección ambiental.
Riesgos que afectan el ordenamiento territorial y la producción agropecuaria
Entre las deficiencias destacadas se encuentra la ausencia de articulación con el Ministerio de Transporte para proyectos viales, así como fallas en la gestión de riesgos de desastres y en la aplicación de criterios ambientales como la adaptación al cambio climático. La Contraloría subrayó que estas Áreas y Zonas de Protección, implementadas por entidades del sector agropecuario, no consideran adecuadamente los planes de ordenamiento territorial, lo que genera incertidumbre al declarar las áreas antes de verificarlas en terreno, afectando a productores, propietarios, alcaldías y comunidades.
«Evidenciamos una desarticulación importante con la realidad del territorio. Estas decisiones no están considerando adecuadamente los planes de ordenamiento territorial, especialmente en los municipios de categoría cinco y seis. En algunos casos, primero se declara el área y luego se va al territorio a revisar. Eso genera incertidumbre porque las reglas cambian sobre la marcha y afectan a los productores, propietarios, alcaldías y comunidades en general.»
Anwar Salim Daccarett, delegado de la Contraloría para el Sector Agropecuario
La entidad contralora exige una planeación integral, verificable y financieramente soportada que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, planes de inversión pública, presupuestos sectoriales y territoriales, junto con mecanismos de seguimiento de resultados. Además, advierte que la insuficiencia de información documental, técnica, jurídica y geoespacial podría generar dudas sobre el debido proceso administrativo, la delimitación precisa de las áreas y su armonización con el ordenamiento territorial.
«Por el contrario, exige una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y territoriales, y los mecanismos de seguimiento sobre los resultados esperados.»
Contraloría General de la República
En este contexto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, enfrenta la solicitud de acciones inmediatas para corregir estas debilidades, con el fin de evitar mayores perjuicios en la implementación de las Appa y Zppa, garantizando así una gobernanza efectiva y sostenible en el sector rural colombiano.
