En un golpe significativo contra el contrabando y el lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación capturó el 26 de abril en Barranquilla a Walter Francisco Martínez Martínez, un abogado que fungía como representante legal de siete empresas fachada. Este individuo ha sido señalado como el operador clave en un esquema delictivo vinculado a las tiendas Lili Pink y Fast Moda S.A.S., donde coordinaba la importación irregular de mercancías provenientes de China y Panamá a través de sociedades ficticias, su posterior comercialización y la transferencia de utilidades al extranjero, todo ello para evadir los controles aduaneros y fiscales.
La detención se produjo ante el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia que representaba Martínez, quien creaba, modificaba y cerraba empresas de manera cíclica para ocultar las operaciones ilícitas, utilizando a Lili Pink como principal fachada. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) había detectado operaciones atípicas desde 2017 en Pink Life S.A.S. y otras sociedades relacionadas, lo que impulsó una investigación que acumula catorce carpetas de pruebas presentadas por la fiscalía. Este esquema ha afectado al sector textil colombiano desde al menos 2014, período en el que se abrieron más de 400 tiendas Lili Pink en el país.
Reclusión preventiva y cargos graves
Una jueza ordenó la reclusión preventiva de Martínez, convirtiéndolo en el único detenido hasta el momento en esta investigación en curso. En su contra pesan cargos por asociación para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito, con la posibilidad de que se ordene la pérdida de propiedad de bienes pertenecientes a Lili Pink y Fast Moda S.A.S. Aunque se han mencionado posibles vínculos con funcionarios públicos en registros de devoluciones de dinero, la Fiscalía no los ha confirmado aún.
Directivos de las empresas implicadas han argumentado ante Caracol Radio que todas las transacciones están justificadas y respaldadas con documentación adecuada, en un intento por defender la legitimidad de sus operaciones frente a las acusaciones. Este caso resalta la magnitud de las redes criminales que operan en el comercio informal textil, poniendo en jaque la competitividad del sector formal en Colombia y subrayando la necesidad de mayor vigilancia aduanera y fiscal.
