La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, que imponía una contribución parafiscal a las generadoras de energía, durante la sesión de Sala Plena celebrada el miércoles 6 de mayo de 2026 en sus instalaciones. La decisión, contenida en la Sentencia C-115 de 2026 y con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, surge como consecuencia de la previa Sentencia C-075 de 2026 y establece efectos retroactivos con la orden de devolución de los recursos recaudados.
La Corte fundamentó su fallo en la pérdida de sustento jurídico del mencionado decreto, tras la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. El Decreto 0044 había sido expedido en el marco de un estado de emergencia económica y social, pero su validez se vio comprometida por esa declaratoria anterior. La votación en Sala Plena fue unánime, con 8 magistrados a favor y cero en contra, aunque el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó por impedimento y el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño presentó una aclaración de voto.
Modulación de efectos y plazos para la devolución
La sentencia introduce una modulación de efectos diferenciada: para el artículo 1 del decreto, se aplican efectos retroactivos que obligan a la devolución o compensación de los recursos recaudados por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con un plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la providencia. El expediente acumulado bajo el número RE-389 refleja el exhaustivo análisis realizado por el alto tribunal sobre las implicaciones fiscales y constitucionales de esta norma.
Esta declaratoria representa un alivio significativo para el sector de generación de energía en Colombia, al eliminar una carga parafiscal que carecía de base legal sólida y ordena la restitución de fondos ya percibidos, en un contexto de revisión judicial estricta a los decretos legislativos emitidos durante emergencias. La decisión de la Corte Constitucional refuerza los principios de legalidad y seguridad jurídica en materia tributaria.
