El gremio Somos Uno, que representa a 6.400 estaciones de servicio en todo Colombia, alertó sobre la impracticabilidad del Decreto 1428 de 2025 emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, el cual busca implementar un precio diferencial para el diésel en vehículos de alta gama. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, emitió un comunicado dirigido al Ministerio de Minas y Energía, destacando la ausencia de reglamentación técnica, operativa e infraestructura necesaria para aplicar esta medida, cuya entrada en vigencia está prevista para abril de 2026.
Según el gremio, las estaciones de servicio carecen de mecanismos para identificar el tipo de vehículo que abastecen, lo que genera incertidumbre operativa y financiera en la cadena de distribución. Este decreto surge en un contexto de alza en los precios internacionales del petróleo debido a tensiones en Oriente Medio y el uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Para abril de 2026, el precio promedio del galón de diésel en Colombia alcanzará los 11.161 pesos, con un aumento de 200 pesos, siendo Cali la ciudad con el promedio más costoso.
Falta de mecanismos y sobrecostos operativos
Las compras de combustible se realizan en operaciones en firme a precios cerrados en plantas mayoristas, lo que complica la administración de precios diferenciados sin claridad sobre quién asume el diferencial, los costos financieros, las cuentas por cobrar o pagar y el esquema de liquidación. Jiménez Mejía enfatizó que implementar esta distinción implicaría costos de implementación, seguimiento y verificación que ningún eslabón de la cadena puede asumir, superando los beneficios del mayor recaudo esperado.
«Las estaciones de servicio en todo el país no tienen, ni los mecanismos ni la infraestructura para identificar el tipo de vehículo que abastecen».
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno
«Debemos ser claros: la medida existe en papel, pero es casi que inaplicable en la práctica. A la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha expedido la reglamentación que le daría vida operativa al decreto».
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno
El gremio hizo un llamado urgente a conformar mesas de trabajo con el Gobierno para definir mecanismos alternos viables que eviten la desestabilización del sector. «Nosotros, las estaciones de servicio, no tenemos la capacidad de diferenciar a nuestros clientes y hacerlo implicaría un costo adicional que en el agregado vemos que sería más alto que el beneficio esperado por este mayor recaudo», concluyó Jiménez Mejía, subrayando los riesgos para las 6.400 estaciones distribuidas en el país.
