En un giro inesperado, el desalojo de más de 100 familias del barrio El Remanso Uno, en Bosa, Bogotá, fue suspendido este jueves gracias a la intensa presión mediática, la intervención política desde el Congreso de la República y la movilización de la comunidad, según reveló la senadora del Pacto Histórico, Mafe Carrascal. La medida beneficia a cerca de 500 a 1000 personas, incluyendo 130 niños y niñas, quienes de esta manera podrán dormir en sus camas esta noche, evitando una acción impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán.
Las familias afectadas han habitado el terreno en disputa durante 16 años, período en el que han pagado impuestos y servicios públicos de manera constante, además de haber adquirido sus viviendas al 10% del valor catastral conforme a la Ley 2044. La suspensión se logró mediante la intervención directa de los habitantes, organizaciones sociales y el equipo de trabajo de la senadora Carrascal, que mantuvo presencia constante en el territorio, mientras ella defendía la jurisdicción agraria desde el Congreso ese mismo día.
Presión política y advertencia al alcalde
La senadora Carrascal enfatizó que el derecho a la vivienda de estas familias, que han construido una comunidad de buena fe, no puede ser subordinado a intereses privados, mucho menos a un parqueadero. Anunció que radicará un derecho de petición para exigir detalles sobre la estrategia de la Alcaldía y un plan de protección permanente, que incluya la adquisición del terreno bajo la Ley 2044 y la formalización del barrio, renovando así el debate sobre el acceso a una vivienda digna y la legalidad de los desalojos en la capital.
«Hoy 130 niños y niñas del Remanso Uno van a dormir en sus camas».
Mafe Carrascal, senadora del Pacto Histórico
«Presión mediática, la presión política desde el Congreso de la República y, por supuesto, la presión de la comunidad».
Mafe Carrascal, senadora del Pacto Histórico
En su mensaje directo al alcalde Galán, Carrascal dejó claro que las familias no están solas y cuentan con el respaldo del Pacto Histórico y su curul. «Pero téngalo claro alcalde @CarlosFGalan, esas familias no están solas. Cuentan con el Pacto Histórico y con esta curul. Seguiremos atentamente el proceso que adelanten y esperamos privilegien los derechos de la gente por encima de los negocios. Debe haber un plan y ese plan debe estar dirigido a protegerla de manera permanente», afirmó. Agregó que «han construido comunidad, adquirieron sus viviendas de buena fe, así que no se les puede afectar en sus derechos fundamentales» y que «el derecho a la vivienda no puede ser menor que el derecho de cualquier negocio privado, menos el de un parqueadero». Este episodio subraya la tensión entre las autoridades locales y las garantías constitucionales en materia de hábitat urbano en Bogotá.
