La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres policías sobrevivientes por la muerte de dos de sus compañeros ocurrida el 26 de junio de 2017 en la vereda El Recreo, jurisdicción de La Vega, durante un operativo en Almaguer, Cauca. Los uniformados Iván Darío Ramírez Cardona, Yonier Alejandro Marín Millán y Jhon Jairo Martínez Martínez enfrentan acusaciones por homicidio culposo, falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal como coautores a título de dolo, tras nueve años de exhaustivas investigaciones que revelaron inconsistencias en sus declaraciones iniciales sobre un supuesto ataque de guerrilleros del ELN desde una motocicleta.
El incidente involucró a una patrulla de cinco policías de la Policía Nacional, en la que Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo resultaron fallecidos. Un informe balístico clave determinó que los disparos letales se originaron desde el interior de la camioneta en la que se desplazaban, desmintiendo la versión de un ataque externo y apuntando a un posible caso de fuego amigo o dolo intencional, lo que provocó un cambio radical en la orientación judicial del proceso.
El informe balístico como prueba decisiva
El documento pericial de la Fiscalía estableció con claridad que en ningún momento los disparos presuntamente realizados desde el exterior impactaron al interior del vehículo, lo que contradice las declaraciones de los sobrevivientes y sustenta las imputaciones. Jhon Jairo Martínez Martínez, quien reside en España, compareció de manera remota ante el juez, mientras que sus compañeros lo hicieron presencialmente. Ninguno de los tres aceptó los cargos, y la Fiscalía no solicitó órdenes de captura ni medidas de aseguramiento, dejando a los imputados en libertad.
“en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo en el que se desplazaban los integrantes de la patrulla de policía judicial impactaron al interior”
Informe balístico, Fiscalía General de la Nación
Este caso, que ha demorado nueve años en llegar a esta etapa procesal, resalta las complejidades de las investigaciones sobre incidentes en zonas de conflicto y pone en tela de juicio la veracidad de testimonios iniciales en operativos policiales, dejando un precedente sobre la importancia de pruebas científicas como la balística para esclarecer tragedias internas en las fuerzas de seguridad.
