El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, junto con las autoridades migratorias, puede restringir o revocar los pasaportes de ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad colombiana por deudas fiscales consideradas seriamente morosas, manutención infantil impaga que supere los 2.500 dólares —equivalentes a unos 9.325.300 pesos—, fraude documental o deterioro físico del documento. Esta medida implica la negativa a expedir, renovar o incluso usar el pasaporte, limitándose a emitir un documento temporal solo para el regreso a territorio estadounidense, y se activa mediante reportes del IRS al Departamento de Estado cuando existen procesos de cobro activos como embargos o gravámenes, o por detección de fraude o deterioro.
Estas restricciones responden a motivos como deudas tributarias graves, incumplimientos en manutención infantil, inconsistencias documentales, uso de documentos falsos o delitos federales relacionados con la identidad, y aplican tanto dentro como fuera de Estados Unidos, afectando incluso la primera expedición o renovación del pasaporte. El deterioro que justifica la revocación incluye páginas sueltas, manchas, perforaciones, roturas que impidan la lectura o verificación de datos, aunque se acepta el desgaste normal si la información sigue legible.
Excepciones y contexto migratorio
No se aplican estas restricciones a contribuyentes con acuerdos de pago vigentes, procesos de negociación en curso o recursos legales que suspendan la medida. En el ámbito migratorio, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha establecido que el programa Daca no cierra procesos de deportación, lo que ha reabierto expedientes de beneficiarios conocidos como dreamers, incluyendo el caso de la activista colombiana Catalina Santiago. La administración Trump impulsa una ofensiva contra Daca para presionar la permanencia de inmigrantes, afectando a 525.000 beneficiarios en total según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), de los cuales entre 3.000 y 3.500 son colombianos, de acuerdo con el Instituto para la Política Migratoria (MPI).
Esta política representa un riesgo significativo para la comunidad colombiana en Estados Unidos, tanto para aquellos con doble nacionalidad como para residentes, subrayando la importancia de mantener al día obligaciones fiscales y familiares para evitar complicaciones en la movilidad internacional.
