La Corte Suprema de Justicia de Colombia archivó en mayo de 2013 la investigación por parapolítica abierta en 2012 contra Germán Vargas Lleras, quien fue exvicepresidente de la República y exministro de Vivienda, luego de detectar falsos testimonios que llevaron a la Fiscalía General de la Nación a imputar cargos y, eventualmente, condenar a testigos clave como el ganadero de Casanare Carlos Gabriel López Chaparro, conocido como “Negro López”. Este caso, que surgió de una denuncia anónima presentada en 2002 ante la Procuraduría sobre supuestos nexos de Vargas Lleras con paramilitares durante su campaña al Senado, resurge ahora tras el fallecimiento del político el 8 de mayo de 2025 por cáncer, según reportes de Colprensa y otros medios.
La indagación preliminar se inició en 2012 a petición del propio Vargas Lleras, quien buscaba esclarecer las acusaciones de vínculos con grupos como las Autodefensas Campesinas del Casanare, lideradas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, en medio de confrontaciones contra el Bloque Centauros de las AUC, con presunto apoyo de cooperativas y figuras como Néstor Ramón Caro Chaparro. Testimonios bajo juramento rindieron ante la Corte Suprema y la Procuraduría los días 18 y 19 de julio de 2012, incluyendo el de López Chaparro, quien admitió no haber visto personalmente a Vargas Lleras, aunque alegó la existencia de una lista y un video no entregados, y el de William Mayorga Suárez, exintegrante de la Policía Nacional vinculado a autodefensas, que habló de un intento de reunión.
Contradicciones que derivaron en condenas
Las inconsistencias y contradicciones en estos relatos llevaron a la compulsa de copias por parte de la Corte Suprema, culminando en el archivo del caso contra Vargas Lleras en mayo de 2013, como reportaron medios como Vanguardia. Posteriormente, en marzo de 2014, la Fiscalía imputó cargos por falso testimonio a López Chaparro, quien en marzo de 2015 aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo aprobado por un juez penal del Tribunal Superior de Bogotá, resultando en una pena de tres años, ocho meses y doce días de prisión. El caso se tramitó principalmente en instancias como la Corte Suprema, la Fiscalía y juzgados en Bogotá y Casanare.
Este episodio forma parte del amplio escándalo de parapolítica que en la década pasada vinculó a numerosos políticos con paramilitares en Colombia, basado inicialmente en esa denuncia anónima de 2002. Fuentes como El Colombiano y comunicados oficiales de la Fiscalía detallan cómo los testimonios, lejos de probar nexos, se desmoronaron por falta de sustento, dejando un precedente sobre la importancia de la veracidad en procesos judiciales. Con la muerte reciente de Vargas Lleras, el archivo de esta investigación reaviva debates sobre legados políticos en un contexto histórico marcado por el conflicto armado.
