La Inspección del Ejército Nacional de Colombia ha detectado presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos de infraestructura gestionados por el Comando de Ingenieros, con un valor superior a los 66.000 millones de pesos. El informe interno, conocido por la revista Semana, revela retrasos significativos, bajos avances en las obras, fallas en la planeación y supervisión, así como soportes insuficientes para el manejo de anticipos, lo que ha llevado a remitir el caso a la justicia penal militar bajo el radicado 137163. Entre los involucrados destacan la general Martha David Bastidas, quien fue jefa del Departamento de Ingenieros Militares en 2023, el general Olveiro Pérez como inspector general del Ejército, el general Emilio Cardozo como comandante general, y la Universidad Nacional de Colombia, contratada para la interventoría.
Los contratos bajo escrutinio, adjudicados entre 2023 y 2024, incluyen obras clave como la piscina olímpica en Tolemaida, presupuestada en 8.369 millones de pesos y con un anticipo superior a los 4.000 millones, de los cuales solo se justificaron 898 millones, dejando una brecha de más de 3.200 millones sin soportes adecuados; esta obra, que debía completarse en diciembre de 2024, ahora se pospone hasta mayo de 2026. En la Escuela de Soldados Profesionales, el contrato número 323 de 2024 para alojamientos registró un anticipo de 9.000 millones de pesos, pero con avances nulos en un 0% y apenas un 3% en otros componentes. El rancho de tropa en Nilo, bajo el contrato 333 de 2023, acumuló un anticipo mayor a 3.000 millones y ha sufrido cuatro prórrogas, cuando su terminación estaba prevista para noviembre de 2024. Además, el contrato 331 de 2024 ya acumula pagos por 9.780 millones sin cierre formal, y la interventoría a cargo de la Universidad Nacional, por 7.438 millones con el 50% desembolsado, presentó controles insuficientes.
Problemas en planeación y posibles pliegos a medida
El informe señala fallas graves en la planeación inicial, como excavaciones profundas y rellenos no previstos que generaron sobrecostos, junto con deficiencias en el control financiero, supervisión y posibles pliegos sastre diseñados para favorecer a contratistas específicos. Estas irregularidades también afectan contratos de mantenimiento y escenarios de entrenamiento. La denuncia fue presentada directamente por el general Olveiro Pérez al general Emilio Cardozo, y el Ejército ha reconocido públicamente los retrasos y obras inconclusas.
La justicia penal militar asumirá ahora la investigación para determinar el destino exacto de los recursos y las responsabilidades individuales, en un caso que pone en tela de juicio la gestión de grandes inversiones en infraestructura militar destinada a mejorar las condiciones de las tropas.
