Cinco denuncias formales por presunto acoso laboral, maltrato, presión laboral extrema, persecución y presiones políticas han sido presentadas contra Alix Aguilar Tirado, directora encargada de la Unidad para las Víctimas, ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Trabajo. Entre los denunciantes figuran un contratista anónimo, Felipe Ramírez, exasistente, y Ligia Soto, excontratista cuyo nombre es ficticio para proteger su identidad. Estas acusaciones describen un ambiente laboral hostil en la Unidad para las Víctimas, donde se alega condicionamiento de contratos a respaldos políticos y exigencias como la asistencia obligatoria a marchas.
La revista Semana reveló esta crisis interna mediante una investigación periodística que incluye expedientes, testimonios y chats de WhatsApp. Los hechos se remontan a una reunión en marzo de 2026, donde Ligia Soto relató comentarios humillantes de Aguilar Tirado contra el equipo jurídico, mostrando preferencia por «técnicos o bachilleres». Soto presentó su carta de renuncia en abril de 2026, mientras que las marchas del 1 de mayo habrían sido declaradas «obligatorias» por la directora, con requerimientos de fotos y publicaciones en redes sociales. Felipe Ramírez describió jornadas extenuantes que se extendían hasta la noche, madrugadas y fines de semana, incluyendo contacto forzado con una persona denunciada por acoso previo. Un contratista anónimo llegó a intentar suicidarse varias veces debido a las presiones, y se menciona el condicionamiento de contratos a apoyo para aliados del senador Gustavo Moreno.
Presiones políticas y respuesta de la directora
Las denuncias destacan un patrón de persecución y maltrato bajo la gestión de Aguilar Tirado, quien niega categóricamente las acusaciones de acoso. En respuesta, la directora ha denunciado a dos excontratistas ante la Fiscalía por presunto concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas, amenazas, injuria y calumnia. En mensajes de WhatsApp, Aguilar Tirado mencionó «evidencia de la cuenta de cobro del mes de abril», defendiendo su posición ante las quejas.
«Lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en un martirio»
Contratista anónimo
«Participación en marchas del 1 de mayo es ‘obligatoria'»
Alix Aguilar Tirado, directora encargada (mensaje de WhatsApp)
Esta controversia pone bajo escrutinio la gestión de la Unidad para las Víctimas, con las autoridades competentes iniciando investigaciones para esclarecer los hechos. Mientras tanto, los denunciantes buscan justicia ante lo que describen como un entorno tóxico marcado por presiones políticas y laborales extremas.
