El superintendente de Salud, Daniel Quintero, salió al paso de las críticas de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia sobre las deudas y la crisis en el sistema de salud colombiano, afirmando que existen recursos suficientes en el sector, pero que estos se desvían por robo. Este intercambio de declaraciones, que también involucró al presidente Gustavo Petro, se desarrolló públicamente en redes sociales como Instagram y X, reavivando el debate sobre la financiación y el manejo estructural del sistema de salud en Colombia.
Quintero respondió directamente a los cuestionamientos de Valencia respecto a los pagos gubernamentales y la crisis que afecta la operación de hospitales, la prestación de servicios y la atención a pacientes, con retrasos y cierres progresivos de instituciones. En medio de la controversia, el superintendente destacó cifras clave, como deudas que ascienden a varios billones de pesos, contrastadas con utilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que superan los 45 billones de pesos acumulados en los últimos cinco años, sugiriendo que el problema radica en desvíos hacia campañas políticas, negocios privados e IPS rentables.
Acusaciones de desvíos y críticas al modelo actual
En su defensa, Quintero acusó que el dinero disponible se pierde en fraudes y un modelo que privilegia el negocio sobre la prevención, mencionando específicamente al gerente de Coosalud, Jaime Miguel González, en el contexto de estas irregularidades. El debate se intensificó con el bloqueo de reformas en el Congreso por parte de sectores políticos, lo que agrava la crisis estructural y pone en jaque la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la sostenibilidad del sistema.
«la evidencia muestra que plata sí hay pero se la roban»
Daniel Quintero, superintendente de Salud
«las deudas del Estado las paga el Estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este enfrentamiento público subraya las tensiones políticas en torno a la salud pública, donde el gobierno insiste en la responsabilidad compartida y la lucha contra la corrupción, mientras la oposición cuestiona la gestión actual, dejando a los pacientes como los más afectados por un sistema en vilo que demanda soluciones urgentes.
