El Consejo de Estado de Colombia suspendió en su totalidad los efectos del Decreto 415 de 2026 emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que impide el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión judicial, notificada este jueves, extiende una suspensión parcial emitida hace dos semanas y se fundamenta en un exceso de potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo, así como en la violación de la Ley 2381 de 2024 y del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, al modificar el destino de recursos destinados originalmente a cuentas individuales o al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc).
Esta medida afecta a miles de personas, incluyendo ahorradores sin derecho pensional consolidado y pensionados ya reconocidos por Colpensiones, en un contexto marcado por la reciente reforma pensional aprobada en la Ley 2381 de 2024. Previamente, el Decreto 1225 de 2024 había reconocido la permanencia de estos recursos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta la consolidación de los derechos pensionales, y la suspensión inicial solo cubría a los afiliados sin pensión consolidada. Ahora, con la extensión total, se pausa cualquier movimiento de fondos, obligando a Colpensiones a pagar mesadas sin recibir los recursos previstos, lo que genera pérdida de liquidez para el Gobierno y evita una posible venta apresurada de activos por parte de las AFP.
Reacciones del Gobierno y la oposición
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lamentó la decisión al afirmar que “hoy fuimos notificados de un auto del Consejo de Estado que extiende la suspensión provisional a la totalidad del Decreto 415 de 2026. Hace dos semanas, la decisión suspendía únicamente el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidaban su derecho pensional; ahora también afecta a miles de personas ya pensionadas y reconocidas por Colpensiones”. En la misma línea, criticó que “no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privadas conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”.
“dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”
Gustavo Petro, presidente de la República
Desde la oposición, la representante a la Cámara Ana Erazo, de Colombia Humana, cuestionó la medida al decir “otra vez ponen por encima el negocio financiero antes que garantizar pensiones dignas para la gente” y planteó “¿para qué debe servir el ahorro pensional? ¿Para enriquecer a las AFP o para pensionar colombianos?”. Por su parte, el abogado Santiago Vélez defendió los fondos privados y expuso los límites a la reglamentación ejecutiva, mientras el Gobierno alegaba urgencia por plazos que impedían una revisión judicial adecuada.
La suspensión total representa un revés significativo para la implementación de la reforma pensional, destacando tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal sobre el manejo de los recursos previsionales en Colombia.
