El concejal de Manizales Julián Uscátegui denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado más de 88.840 millones de pesos a mesas de diálogo y procesos de negociación con grupos armados ilegales como el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur, en el marco de la política de “Paz Total”. Estos recursos, provenientes del Fondo de Programas Especiales para la Paz, se han invertido en honorarios, transporte aéreo, medidas de protección, viáticos, logística y participación de la sociedad civil, desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2025, con diálogos específicos con el ELN iniciados el 15 de noviembre de 2022 y con el EMC desde el 13 de octubre de 2023.
Según la denuncia, el mayor desembolso corresponde al EMC con 34.601 millones de pesos, de los cuales 6.123 millones fueron para honorarios, 7.498 millones en transporte aéreo, 6.033 millones en medidas de protección y 6.280 millones para la participación de la sociedad civil, además de 2.716 millones en mecanismos de monitoreo y verificación. Para el ELN se invirtieron 32.960 millones, incluyendo 6.889 millones en honorarios, 7.521 millones en transporte aéreo y 4.748 millones en protección, sumados a 9.164 millones del Comité Nacional de Participación y 21 millones en monitoreo. La Segunda Marquetalia recibió 13.106 millones, con 1.665 millones en honorarios y 3.884 millones en transporte aéreo, grupo vinculado por la Fiscalía al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, mientras que los Comuneros del Sur obtuvieron 8.172 millones, destacando 898 millones en honorarios y 669 millones en transporte aéreo.
Críticas al modelo de “Paz Total”
La política de “Paz Total”, que busca la pacificación de Colombia mediante diálogos con actores armados ilegales, ha sido cuestionada por Uscátegui ante la continuidad de secuestros, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y reclutamiento forzado por parte de estos grupos, pese a los millonarios incentivos. Las mesas con el ELN se encuentran suspendidas sin resultados concretos en materia de seguridad para los colombianos.
«la denominada ‘Paz Total’ no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombianos sin consecuencia alguna»
Julián Uscátegui, concejal
«en Colombia el crimen recibe incentivos, beneficios y recursos, mientras la legalidad pierde respaldo»
Julián Uscátegui, concejal
«es infame que el gobierno Petro destine los impuestos que los colombianos pagan con tanto esfuerzo a financiar viajes y esquemas de protección para los criminales responsables de la violencia y el terror que hoy padece todo país»
Julián Uscátegui, concejal
Esta denuncia pone en el centro del debate público el uso de recursos fiscales en procesos de paz que, según el concejal, benefician a estructuras criminales sin avances tangibles en la reducción de la violencia, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
