El gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa la salida de Juan Gonzalo Castaño Valderrama de la junta directiva de Ecopetrol debido a sus posiciones críticas sobre la continuidad de Ricardo Roa Barragán como presidente de la empresa. Según información revelada este 12 de mayo por Blu Radio y La República, se estudia la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para formalizar esta renuncia, solicitada directamente por el mandatario y que requeriría el aval de los accionistas. El contexto se agrava con la audiencia de imputación contra Roa, programada para la tarde de este lunes, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
Castaño, con más de 20 años de experiencia en Ecopetrol, ha sido un miembro clave en la junta directiva, participando incluso en informes técnicos utilizados por el propio Petro para oponerse al fracking y al desarrollo del Permian Basin. Su trayectoria incluye una ingeniería en petroleos, una maestría en ingeniería de la Academia Estatal de Petróleo y Gas I.M. Gubkin en Moscú, y estudios en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Las diferencias surgen precisamente por su postura frente a Roa, quien enfrenta acusaciones relacionadas con excesos en los topes electorales de la campaña de Petro: 1.388 millones de pesos en la primera vuelta y 276 millones en la segunda, aunque él se declaró inocente en la audiencia.
Tensiones entre gobierno y Ecopetrol
Este episodio refleja las crecientes tensiones entre el gobierno nacional y Ecopetrol en torno a la autonomía de la empresa y el gobierno corporativo. Standard & Poor’s recientemente rebajó la calificación crediticia de la petrolera debido a riesgos de influencia política e inestabilidad administrativa. Sin un reemplazo inmediato para Castaño, la junta directiva operará temporalmente con solo ocho miembros, lo que genera preocupación en sectores empresariales y financieros por la estabilidad institucional de la compañía, una de las más importantes del país.
La maniobra del gobierno busca alinear la dirección de Ecopetrol con sus prioridades, pero podría profundizar la incertidumbre en un momento clave para la empresa, marcada por desafíos económicos y legales que afectan su operación en Colombia.
