La Delegación del Gobierno para los diálogos de paz con el Ejército Gaitanista de la Colombia, conocido como Clan del Golfo, convocó una reunión de emergencia con ese grupo armado para este martes 12 de mayo, en respuesta a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 de sus integrantes. Esta medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro y liderada por la consejera comisionada de Paz, Otty Patiño, busca alternativas ante el riesgo inminente de arrestos que complican los traslados planeados hacia Tierra Alta en Córdoba y Belén de Bajirá en Chocó.
La negativa de la Fiscalía frena el proceso logístico para llevar a estos 29 miembros a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en la Ley de Paz Total para facilitar la desmovilización con presencia estatal, pese a las peticiones elevadas por el Gobierno. Se espera que alrededor de 400 integrantes lleguen a estas zonas a partir del 25 de junio, pero la decisión judicial introduce incertidumbre en las negociaciones al considerar insuficiente el avance en los diálogos para justificar la suspensión de las capturas.
Riesgos y evaluaciones en curso
La delegación activó esta convocatoria de manera urgente ante el peligro de detenciones durante los movimientos, mientras el Gobierno evalúa salidas jurídicas y operativas para superar el obstáculo. La información fue revelada por Caracol Radio, destacando cómo esta situación pone en jaque la logística de desmovilización y genera tensiones en el proceso de paz impulsado por el presidente Petro.
Este impasse representa un desafío clave para las conversaciones con el Clan del Golfo, el principal grupo armado del país, y podría afectar el cronograma establecido para la llegada masiva de combatientes a las ZUT, donde se prevé una intervención estatal integral para su reincorporación.
