La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó de manera unánime en primer debate el proyecto de ley impulsado por el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, con el objetivo de regular el uso adulto del cannabis en el país. Este avance legislativo busca establecer un marco normativo completo para el cultivo, producción y comercialización de la marihuana, protegiendo a niños y niñas, combatiendo el mercado ilegal y beneficiando a poblaciones vulnerables como habitantes de calle, campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas.
El proyecto, que regula el cannabis desde la semilla hasta el producto terminado, establece restricciones estrictas para su venta, limitándola exclusivamente a establecimientos autorizados donde se exija cédula, permisos y licencias, con el fin de alejar el consumo de las calles y garantizar un control adecuado. Esta aprobación unánime en la Comisión Primera representa un paso significativo en el trámite legislativo, aunque aún debe pasar por el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y luego por el Senado.
Próximos desafíos en el Congreso
El representante Alejandro Ocampo ha liderado esta iniciativa como un esfuerzo por modernizar la regulación de sustancias que ya cuentan con precedentes en otros países, enfocándose en la formalización de la cadena productiva para generar beneficios sociales y económicos. Sin embargo, la agenda congressional ajustada podría demorar su aprobación final hasta la legislatura que culmina el 20 de julio de 2026, lo que pone a prueba la voluntad política para avanzar en esta reforma.
“Acabamos de aprobar en primer debate la regularización del cannabis. Es hora de regular. Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado. Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, con permiso y con licencias”
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico
Esta aprobación unánime no solo marca un hito en la discusión sobre el cannabis en Colombia, sino que abre la puerta a un debate nacional más amplio sobre políticas de drogas, priorizando la salud pública y la equidad social en medio de los retos que enfrenta el país en materia de seguridad y desarrollo rural.
