Otty Patiño, comisionado de Paz del Gobierno Nacional, rechazó enfáticamente la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo o EGC, que se encuentran en proceso de paz. Esta resolución, identificada como No. 0-142 de 2026, contrasta con la Resolución presidencial No. 471 del 22 de diciembre de 2025, que estableció tres Zonas de Ubicación Temporal en Colombia para avanzar en las negociaciones. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aclaró en una publicación en la red social X que no aprobó la inclusión de extraditables en esa lista inicial de 29 personas, subrayando que la paz requiere seguridad jurídica y cumplimiento estricto de la ley.
La controversia surge porque la Ley 2272 de 2022, que regula la política de paz de Estado, establece en su parágrafo 3 del artículo 8 la suspensión automática de la ejecución de órdenes de captura una vez creadas las Zonas de Ubicación Temporal. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que necesita información verificable sobre el avance real del proceso antes de proceder con la suspensión, lo que Patiño califica como una interpretación contraria a la norma, introduciendo valoraciones adicionales no previstas por el legislador. El comisionado de Paz enfatizó que esta postura no respeta la coherencia institucional ni el rol del presidente en determinar el avance de los procesos de paz.
Petro ordena lista completa sin extraditables
En su intervención en X, el mandatario anunció que se elaborará la lista completa de 400 integrantes del EGC, pero excluyendo a los extraditables, tal como lo había ordenado previamente. Petro precisó que solo el cumplimiento de acuerdos en el desmantelamiento de la economía ilícita y el respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado, permitiendo medidas como la suspensión de extradiciones, ya que estos no actúan en las primeras fases. La lista de 29, según reveló, incluye nombres de extraditables que no fueron consultados con él.
«Se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado.»
Gustavo Petro, presidente de la República
Patiño, por su parte, emitió un comunicado desde la Consejería de Paz rechazando la resolución fiscal y defendiendo la aplicación estricta de la ley. Negó cualquier intención de sustituir las competencias de la Fiscalía, respetando su autonomía institucional, pero alertó sobre el riesgo de subordinar la norma a evaluaciones extras. Reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad jurídica en estos procesos.
«La paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado. Ese seguirá siendo el compromiso del Gobierno Nacional y de esta Consejería Comisionada de Paz.»
Otty Patiño, comisionado de Paz
«Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador.»
Otty Patiño, comisionado de Paz
Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía en la implementación de la paz total, donde las tres Zonas de Ubicación Temporal ya operan como espacios clave para las negociaciones con el Clan del Golfo, uno de los grupos armados más poderosos del país. El Gobierno insiste en que solo mediante el apego riguroso a la Ley 2272 se podrá avanzar hacia la desmovilización efectiva de sus 400 integrantes aproximados.
