El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió nuevamente contra el Consejo de Estado tras la suspensión del traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones, afirmando que nadie en el Estado puede calificar el derecho a la pensión como un poder desbordado y exigiendo respeto a la Constitución y al Constituyente primario. Esta respuesta se produjo a través de su cuenta en la red social X, poco después de que el alto tribunal emitiera un comunicado defendiendo su decisión judicial y criticando las declaraciones previas del mandatario por afectar la separación de poderes.
En un intercambio que evidencia la creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial, Petro cuestionó el manejo de los ahorros por parte de entidades financieras y advirtió que retener los recursos de los ahorradores podría constituir conductas delictivas. El Consejo de Estado, por su parte, había suspendido provisionalmente el traslado de estos fondos, argumentando la necesidad de un control judicial sobre los actos del poder Ejecutivo, al que describió como una garantía esencial de la democracia y no un obstáculo para ella.
Durísimas palabras del presidente contra banqueros y el Consejo
Petro intensificó su ofensiva al calificar de ilegítimo y tiránico cualquier impedimento al pago de pensiones a quienes han dedicado su vida al trabajo, relacionando la decisión judicial con intereses del poder fáctico del dinero. En sus publicaciones, el jefe de Estado subrayó que los banqueros tienen el deber sagrado de custodiar y devolver los ahorros de los ahorradores cuando estos lo soliciten, ya que no se trata de su dinero propio.
«Nadie del estado puede decir que el derecho a la pensión es un poder desbordado, respeten la constitución y al Constituyente primario (sic)».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente no escatimó en términos al advertir que los banqueros que retengan estos fondos actúan como bandidos y no merecen continuar en su rol, invocando la ley colombiana y las normas internacionales en la materia. Esta nueva andanada llega después de que el Consejo de Estado expresara preocupación por la desinformación generada y los llamados a denunciar penalmente a uno de sus magistrados, en defensa de su comunicado institucional que califica de necesarias sus respuestas claras y contundentes ante los señalamientos presidenciales en redes de amplia difusión.
«Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder factico del dinero del que no tiene el derecho».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías».
Consejo de Estado
Petro reiteró que no permitirá que se afecten derechos sociales fundamentales, enmarcando la disputa en una batalla contra intereses económicos que priorizan el dinero sobre las necesidades de los trabajadores. Esta tensión entre poderes públicos pone en el centro del debate nacional el futuro de las pensiones y la delicada balanza de la separación de poderes en Colombia.
