En un impactante caso de violencia extrema, las autoridades capturaron en el sector de Praderas de Santa Rita, en Ibagué, Tolima, a Edid Duarte Fuentes, madre de la víctima, y a Jhonathan David Pineda, su padrastro, acusados de someter a una adolescente de 17 años a nueve años de abusos sexuales, torturas, encierro y abortos inducidos sin consentimiento. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Ricaurte, desde 2016 hasta principios de 2025, cuando la menor tenía apenas ocho años, y fueron perpetrados bajo cargos como acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía infantil agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar.
La víctima logró escapar de su calvario y denunciar los abusos ante familiares, lo que desencadenó una investigación de seis meses liderada por la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Tras un allanamiento, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y material audiovisual que documentan la violencia sistemática, incluyendo testimonios de la menor, elementos como cuerdas, cadenas y candados usados para mantenerla atada e incomunicada. La pareja fue enviada a un centro carcelario con medida de aseguramiento por solicitud de la Fiscalía.
Una década de horrores inimaginables
Durante casi diez años, la adolescente fue retirada del colegio, aislada desnuda sin alimentos ni agua, sometida a golpizas, quemaduras químicas, amenazas constantes y grabaciones íntimas. Sufrió dos embarazos forzados con abortos inducidos en el mismo domicilio del barrio Ricaurte, realizados sin información adecuada y bajo presión psicológica, además de intentos de envenenamiento y privación extrema de libertad. Incluso le implantaron un método anticonceptivo en un centro de planificación familiar. Jhonathan David Pineda registra antecedentes por dos anotaciones de actos sexuales con menor de 14 años y una por inasistencia alimentaria, lo que agrava el expediente judicial.
“los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin información adecuada y bajo presión psicológica”
Fiscalía General de la Nación
“no activó ningún mecanismo de protección personal, toleró esas dinámicas incompatibles con el bienestar de su hija e incluso intervino en algunos episodios concretos”
Juez, según reporte judicial de Fiscalía General de la Nación
El fiscal del caso calificó los hechos como “un claro caso de violación de derechos humanos”. Actualmente, la víctima recibe protección y acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), mientras el proceso judicial avanza y podría conllevar hasta 40 años de prisión para los responsables. Este suceso resalta la necesidad urgente de mecanismos de detección temprana en casos de violencia intrafamiliar.
