La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional hasta el 31 de mayo de 2026 contra Vilma Velásquez Uribe, actual embajadora de Colombia en Haití, por presunta participación indebida en política al respaldar públicamente al candidato presidencial Iván Cepeda. La medida, que podría extenderse hasta el 21 de junio de 2026 en caso de una segunda vuelta electoral, responde a manifestaciones realizadas por la diplomática en una entrevista concedida a un medio de comunicación en Haití, donde violó las normas de neutralidad que deben observar los servidores públicos durante procesos electorales.
Vilma Velásquez Uribe, quien fue posesionada como cónsul en Puerto Príncipe tras la reapertura de la sede diplomática anunciada por el canciller Álvaro Leyva, domina varios idiomas como el español, inglés, sueco y creole, lo que facilita su labor en el terreno haitiano. Su trayectoria se remonta a 1985, tras la desaparición de Rafael Valencia Muñoz, cuando se involucró en el arte, la gestión cultural y la defensa de los derechos humanos, participando en organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Familiares de Presos Políticos y las Brigadas Internacionales de Paz. Además, cuenta con un magíster en Bellas Artes Aplicadas obtenido en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
Contexto de la investigación en plena contienda presidencial
La sanción provisional busca prevenir la reiteración de conductas similares y garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos en medio de la actual contienda presidencial colombiana. Las declaraciones de Velásquez Uribe se produjeron en un momento sensible, donde la neutralidad diplomática es fundamental para evitar interferencias en los procesos democráticos internos.
«la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda»
Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití
Esta medida de la Procuraduría subraya la importancia de mantener la neutralidad de los representantes del Estado en el exterior, especialmente durante elecciones, y se enmarca en el escrutinio constante sobre el comportamiento de los servidores públicos para preservar la integridad del sistema democrático colombiano.
