El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, envió una carta el 6 de mayo de 2026 al ministro del Interior, Armando Benedetti, alertando sobre graves riesgos de seguridad y la falta de garantías para las elecciones presidenciales de primera vuelta programadas para el 31 de mayo en Colombia, a menos de tres semanas de distancia. En la misiva, Prada solicita medidas inmediatas para prevenir afectaciones a partidos políticos, candidatos y votantes, destacando alteraciones al orden público causadas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en 185 municipios identificados en riesgo, especialmente en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Según informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, previamente enviados al Despacho del ministro, se registran 94 municipios con riesgo extremo, lo que representa un aumento superior al 29% en comparación con 2022, junto con 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos. Prada enfatiza que estas circunstancias no son meras apreciaciones, sino datos respaldados por investigaciones serias que comprometen la participación electoral y la seguridad de los involucrados, exigiendo una actuación estatal urgente para elecciones libres y seguras, además de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, cuya ausencia agrava las preocupaciones preelectorales.
Cifras que evidencian la gravedad
La MOE, en su informe sobre municipios en riesgo, y la Defensoría del Pueblo, con su reporte de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, pintan un panorama alarmante que pone en jaque la legitimidad del proceso democrático, al coartar la voluntad popular mediante coacciones y amenazas sistemáticas derivadas de la presencia de estructuras criminales.
Advertencias textuales del magistrado
“Las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular. Dichas circunstancias comprometen no solo la participación de los electores, sino también la seguridad de candidatos, líderes y organizaciones políticas, poniendo en riesgo la legitimidad misma del proceso democrático”
Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE
“Lo anterior demuestra que la preocupación por la situación actual de orden público no se trata de meras apreciaciones ni de titulares de prensa, sino que está respaldada por investigaciones serias y documentadas, que además han sido enviadas y conocidas por su Despacho, lo cual exige una actuación inmediata ante la gravedad de lo descrito”
Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE
“Es indispensable reiterar que la existencia de condiciones efectivas de seguridad constituye un presupuesto ineludible para la vigencia de la democracia. Sin garantías reales de integridad, libertad y protección, el ejercicio electoral pierde su carácter pleno y se ve reducido a una formalidad desprovista de legitimidad”
Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE
En un llamado final, el magistrado subraya que el cumplimiento de estas medidas es condición indispensable para preservar la confianza ciudadana en la democracia, ante el creciente temor de que sin intervención estatal inmediata, las elecciones del 31 de mayo queden marcadas por la inseguridad y la ausencia de garantías fundamentales.
