Petro ordena al INPEC revisar salud de presos del ELN para eventual liberación

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El presidente Gustavo Petro descartó cualquier posibilidad de canje de presos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para lograr la liberación de militares, policías y funcionarios estatales que permanecen secuestrados por esa guerrilla, pero ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) verificar el estado de salud de los reclusos que el grupo armado propone intercambiar por razones humanitarias. La postura fue expresada por el mandatario en una entrevista con Caracol Radio, en la que dejó clara su oposición a lo que calificó como «tráfico de seres humanos», al tiempo que abrió una puerta para atender casos particulares bajo las normas existentes. La discusión se da en medio de la retención de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, y cuyo cautiverio se suma al de otros uniformados y funcionarios en poder del ELN.

Según explicó Petro, la guerrilla le presentó una propuesta para intercambiar a varios de sus presos —en su mayoría con problemas de salud o de edad avanzada— por los secuestrados. Sin embargo, el presidente fue tajante al rechazar esa vía: «Yo no he estado de acuerdo con el canje, yo me opuse al canje en tiempos de las Farc, porque el canje es una especie de tráfico de seres humanos». No obstante, precisó que, como alternativa, solicitó al INPEC un reporte detallado sobre las condiciones de esos reclusos, argumentando que un gobierno tiene la obligación de cuidar a todas las personas privadas de la libertad, independientemente de su pertenencia a grupos armados. «He pedido al INPEC que me averigüe el estado de salud de estas personas presas que el ELN dice que son de sus filas (…) porque un gobierno, independientemente de dónde provengan los presos que tiene, debe cuidar los presos. O sea, no pueden morir o estar en mal estado de salud. Aquí tenemos un estado inconstitucional de cosas en las cárceles, lo ha dicho la Corte y sigue siendo así», declaró.

«Nosotros iniciamos unos contactos con el ELN en esta materia y la propuesta que yo recibí del ELN es que tenía una serie de presos con problemas de salud, unos de edad ya avanzada (…) y la respuesta que yo di es que no tengo ningún problema en que se atiendan esas personas por razones humanitarias»

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Un proceso de paz suspendido

El presidente recordó que los diálogos de paz con el ELN fueron suspendidos por el propio grupo armado luego de que este ingresara a la región del Catatumbo y asesinara a aproximadamente 200 campesinos, un hecho que, en sus palabras, rompió cualquier posibilidad de mantener la mesa de negociación activa. «Esto nada tiene que ver con un proceso de paz. Ellos no están en un proceso de paz con Colombia, lo suspendieron ellos mismos cuando entraron a matar a 200 campesinos en el Catatumbo», afirmó Petro, dejando claro que la actual situación no se enmarca dentro de un proceso político, sino que obedece a una exigencia humanitaria que debe resolverse bajo criterios legales y no mediante un intercambio de rehenes. El mandatario subrayó que la liberación de los secuestrados queda, por tanto, supeditada a decisiones unilaterales del ELN, mientras su gobierno evalúa la posibilidad de excarcelar a algunos presos bajo las normas nacionales existentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El gobierno Petro insiste en diferenciar entre atender casos humanitarios, que podrían traducirse en excarcelaciones legales si las condiciones médicas o de edad así lo ameritan, y aceptar un canje político, que el presidente rechaza de manera categórica. En la entrevista, Petro fue enfático: «Y si hay personas que merezcan salir de la cárcel por normas nacionales existentes, salen». Esta posición, que ya había sostenido durante las negociaciones con las Farc, vuelve a poner sobre la mesa el dilema entre la exigencia humanitaria de los secuestrados y la negativa a negociar bajo presión armada, en un contexto donde las familias de los dos agentes del CTI y demás retenidos esperan una solución que alivie el cautiverio de sus seres queridos.

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