El próximo presidente de Colombia, independientemente del partido que asuma el poder en 2026, tendrá que lidiar con un déficit fiscal histórico y necesidades de financiamiento récord, según un informe difundido por J.P. Morgan. La entidad financiera vincula directamente este escenario adverso con el reciente aumento del salario mínimo en un 23,7%, que elevó el ingreso mensual a dos millones de pesos, y que, por efectos de indexación automática, encarece las pensiones y los salarios públicos, agravando la presión sobre las finanzas del Estado. El panorama es sombrío: se proyecta un déficit fiscal primario del 3,5% del Producto Interno Bruto para ese año, con unas necesidades totales de financiamiento que superarían el 10% del PIB, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país.
Las cifras del déficit y el financiamiento récord
De acuerdo con el análisis, el déficit primario acumulado a abril de este año ya alcanza el 0,9% del PIB, y la proyección para todo 2026 es del 3,5%. Las obligaciones totales que deberá enfrentar el próximo gobierno rondan los 54.000 millones de dólares, lo que representa un desafío mayúsculo en términos de endeudamiento. La brecha de financiamiento estimada es de aproximadamente 6.000 millones de dólares, equivalente al 0,7% del PIB. J.P. Morgan advierte que la reducción del colchón de liquidez del Tesoro hace más vulnerables las finanzas nacionales ante cualquier shock imprevisto, mientras que la persistencia de los efectos indexados del salario mínimo incrementa la complejidad para alcanzar metas fiscales viables.
Causas del deterioro fiscal
El informe señala que el deterioro no es repentino sino acumulado. Se explica por una combinación de factores: la caída del recaudo tributario real del 2,2% interanual a marzo, reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); el incremento del gasto público primario real del 2,1% interanual en febrero; y una ejecución acumulada del gasto primario a abril del 23,7%, superior al promedio del período 2023-2025. Además, el gasto comprometido pero no ejecutado alcanza el 38,5%, lo que indica una presión latente sobre las cuentas públicas. A esto se suma un fallo de la Corte Constitucional que obliga a devolver fondos recaudados mediante el primer decreto de emergencia económica, generando un riesgo adicional para los ingresos del Estado.
«Nuestro escenario base sigue siendo que los ingresos como proporción del PIB se mantendrán prácticamente sin cambios este año»
J.P. Morgan, informe citado textualmente
Con ingresos estancados y gastos en ascenso, la próxima administración se enfrentará a la necesidad imperiosa de incrementar el endeudamiento estatal. La ausencia de un ajuste fiscal estructural y la indexación automática al salario mínimo dificultan cualquier esfuerzo de contención a corto plazo. El informe de J.P. Morgan llega en un momento en que el debate sobre la sostenibilidad fiscal cobra relevancia en la agenda electoral, y sus advertencias resuenan como una señal de alerta para los candidatos que aspiran a gobernar a partir de 2026. El país deberá prepararse para un año fiscal crítico, donde las decisiones que se tomen ahora determinarán la capacidad de respuesta ante una coyuntura que, según los analistas, no tiene precedentes en las últimas décadas.
