En un revelador debate de control político en el Concejo de Bogotá, los cabildantes Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, del Partido Mira, expusieron cifras alarmantes sobre la violencia sexual que padecen los menores de edad en la capital colombiana. Según la información consolidada por los sectores de educación, salud, Medicina Legal y la Policía Nacional, entre 2024 y lo que va de 2026 se registraron 19.103 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esta cifra representa el 48,2 por ciento de los 39.643 eventos totales de violencias reportados contra esa población en el mismo periodo, lo que convierte a la agresión sexual en el principal tipo de maltrato que sufren los menores en Bogotá.
Durante la sesión, que buscaba evaluar los avances y falencias en la protección de la niñez dentro del Plan Distrital de Desarrollo, los concejales detallaron que de los casos de violencia sexual, el 73,7 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, señalaron que la ciudad registra más de 70 eventos institucionales diarios asociados a presunta violencia sexual infantil, un ritmo que evidencia la magnitud de una crisis que, según los datos presentados, supera con creces la capacidad de respuesta de las autoridades.
Subregistro y debilidades en la denuncia
Uno de los hallazgos más preocupantes que se pusieron sobre la mesa fue la enorme brecha entre los casos que atiende la red hospitalaria y los que efectivamente llegan a la Fiscalía. El concejal Fabián Puentes Sierra reveló que en 2025 el sistema de salud reportó 9.072 atenciones por violencia sexual contra menores, mientras que la Policía Nacional solo registró 2.186 denuncias en el mismo periodo. Esto significa que tres de cada cuatro casos no son judicializados, lo que deja a miles de víctimas sin acceso a la justicia. “Hoy varias entidades conocen partes distintas de un mismo caso, pero Bogotá aún debe fortalecer un sistema que permita unir esa información y hacer seguimiento completo a cada niño, niña o adolescente”, afirmó Puentes, quien además denunció que el Sistema Único de Reporte, una herramienta clave para articular la información, aún no opera.
Para ilustrar la falta de efectividad del sistema, el concejal compartió que de tres alertas anónimas revisadas por su equipo, dos fueron archivadas o recibieron decisión inhibitoria y solo una se encuentra en verificación. “Cada niño o niña que no logramos proteger representa una política pública que llegó tarde, que falló. Bogotá debe pasar del discurso a los resultados”, sentenció.
Inversión mínima y localidades críticas
Otro punto que generó fuerte controversia fue el análisis de la inversión distrital en prevención. Según los datos aportados por la Administración, en 2025 se destinaron 75.602 millones de pesos a la prevención y protección de derechos de la infancia, una cifra que apenas representa el 0,2 por ciento del presupuesto total de Bogotá. Al dividir ese monto entre los cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan la ciudad, resulta una inversión de solo 3.315 pesos mensuales por menor. “Si en Bogotá tenemos cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes, este monto reportado de inversión directa en prevención para protección de derechos nos llevaría a concluir que la inversión en prevención equivale a una cifra mínima, solo 3.315 pesos mensuales por niño, niña o adolescente”, explicó Puentes, quien calificó la situación como insostenible.
Las localidades más afectadas por la violencia física y sexual contra menores son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba, que concentran más de la mitad de los casos reportados. Estas mismas zonas presentan los peores indicadores sociales, como mortalidad infantil, intentos de suicidio, desnutrición y delitos sexuales. “El problema de fondo parece estar en las debilidades estructurales del sistema de protección y en su capacidad para responder de manera articulada, preventiva y efectiva”, advirtió el concejal.
“Si en Bogotá tenemos cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes, este monto reportado de inversión directa en prevención para protección de derechos nos llevaría a concluir que la inversión en prevención equivale a una cifra mínima, solo $3.315 pesos mensuales por niño, niña o adolescente”
Fabián Puentes Sierra, concejal de Bogotá del Partido Mira
Frente a este panorama, los concejales Bedoya y Puentes radicaron un proyecto de acuerdo para crear Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes, y exigieron a la Administración distrital la presentación de cronogramas, indicadores, presupuestos focalizados, medición de impacto y rendiciones semestrales. También impulsan estrategias como Cero Tolerancia al Abuso Sexual Infantil, la puesta en marcha del Sistema Único de Reporte, una política pública específica y un trazador presupuestal que permita verificar en qué se gastan realmente los recursos destinados a la niñez.
