El presidente Gustavo Petro firmó el 19 de mayo de 2026 la Directiva Presidencial No. 04, una herramienta administrativa diseñada para coordinar la respuesta del Estado y garantizar la continuidad del sistema de pensiones, luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el Decreto 415 de 2026. Este decreto, impulsado por el Gobierno nacional, ordenaba el traslado de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones por un monto cercano a los 25 billones de pesos, en el marco de la implementación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional. La decisión judicial generó una zona gris jurídica y operativa que afecta directamente a millones de afiliados y pensionados, por lo que la directiva busca proteger los derechos adquiridos y mantener la operatividad del sistema mientras se evalúan alternativas legales.
La directiva, remitida a los Ministerios de Hacienda y Trabajo, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a Colpensiones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, establece cuatro líneas de acción concretas. En primer lugar, ordena a la Superintendencia Financiera adelantar las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Segundo, instruye la coordinación interinstitucional entre los ministerios, la Superfinanciera y Colpensiones para asegurar que las decisiones se tomen de manera articulada. Tercero, encarga a la Secretaría Jurídica de la Presidencia la evaluación de alternativas jurídicas que permitan superar la suspensión judicial y garantizar la seguridad jurídica del proceso. Finalmente, establece un mecanismo de seguimiento periódico, con informes que deberán ser remitidos a la misma Secretaría Jurídica.
Incertidumbre financiera y protección a los afiliados
El origen de esta crisis administrativa se remonta a la reforma pensional aprobada en 2024, cuyo artículo 76 abrió una ventana excepcional para que trabajadores próximos a pensionarse se trasladaran de las AFP a Colpensiones. La Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, dejó vigente ese artículo pero suspendió otros apartados de la ley. Para concretar el giro de los 25 billones de pesos, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, pero el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente al considerar que el traslado de al menos 5 billones de pesos violaba lo dispuesto en la reforma. La incertidumbre resultante afecta no solo a las entidades administradoras, sino especialmente a los adultos mayores y a quienes están a punto de jubilarse, grupo poblacional que la directiva ordena proteger de manera prioritaria.
«La seguridad social constituye un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio cuya dirección, coordinación y control corresponden al Estado»
Directiva Presidencial 04
En el documento, el Ejecutivo reitera su respeto por la independencia judicial y reconoce el carácter obligatorio de las decisiones de los tribunales. Sin embargo, subraya que el Estado debe garantizar la continuidad del sistema de pensiones y evitar que la suspensión judicial genere perjuicios irreparables a los ciudadanos. La Superintendencia Financiera de Colombia deberá remitir al Gobierno nacional un informe técnico preliminar sobre el estado general de la situación y las medidas que, dentro del ámbito de sus competencias, estime pertinentes. Este informe será clave para definir los próximos pasos, mientras se espera que el Consejo de Estado resuelva de fondo la legalidad del decreto suspendido.
«La Superintendencia Financiera de Colombia adelante las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024»
Directiva Presidencial 04
La directiva presidencial se enmarca en un contexto de alta tensión política y jurídica. La reforma pensional, una de las banderas del Gobierno Petro, busca transformar el sistema de reparto individual en uno de pilares, con Colpensiones como eje central. La suspensión del decreto representa un revés significativo que obliga al Ejecutivo a buscar caminos alternativos para cumplir con las disposiciones legales vigentes. Mientras tanto, los afiliados que esperaban trasladarse a Colpensiones permanecen en vilo, y las AFP deben ajustar sus procedimientos ante la incertidumbre normativa. La próxima reunión de seguimiento, con los informes que presentará la Superfinanciera, podría definir si el Gobierno opta por una nueva reglamentación o acude a instancias judiciales superiores para destrabar el proceso.
