El Gobierno colombiano declaró persona non grata al encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, y ordenó el fin de sus funciones diplomáticas. Esta decisión, anunciada el miércoles 20 de mayo por la Cancillería, fue presentada como una medida de reciprocidad ante la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo por parte del gobierno boliviano, encabezado por Rodrigo Paz Pereira. La crisis diplomática estalló luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera a las protestas sociales que sacuden a Bolivia desde el 1 de mayo, calificándolas como una “rebelión popular contra el neoliberalismo” y ofreciendo mediación, lo que desde La Paz fue tachado de “injerencia inaceptable”.
Los hechos se remontan a las declaraciones del mandatario colombiano sobre las movilizaciones, que completan cerca de veinte días, en las que instó a evitar “presos políticos”. En respuesta, Bolivia declaró persona non grata a la embajadora García Carrillo, basándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, lo que activó el mecanismo de reciprocidad por parte de Colombia. En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana detalló que, considerando la decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la embajadora colombiana en ese país, se vio precisada a declarar la conclusión de las funciones de Molina Pimentel.
Rechazo a acusaciones de injerencia
En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enfatizó que no ha mediado, por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia. La Cancillería ratificó su compromiso con principios fundamentales del derecho internacional como la igualdad soberana, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto a la integridad territorial. Sin embargo, la tensión entre ambas naciones, que mantienen relaciones diplomáticas institucionales desde hace más de un siglo, escaló a su punto más crítico en los últimos años.
Pese al distanciamiento, las autoridades colombianas aclararon que la medida no implica una ruptura total de los vínculos bilaterales. La Cancillería expresó que mantiene abiertos los canales diplomáticos con Bolivia y reafirmó los históricos vínculos de fraternidad y cooperación entre ambos pueblos, basados en el respeto, la reciprocidad y el entendimiento mutuo. En esa línea, el gobierno de Gustavo Petro reiteró su disposición a acompañar un eventual diálogo político en Bolivia, pero solo si es solicitado formalmente por el gobierno de ese país.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la embajadora de Colombia en este Estado, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.»
Comunicado oficial de la Cancillería de Colombia
La situación refleja la fragilidad de las relaciones diplomáticas en la región cuando las declaraciones políticas trascienden las fronteras y son interpretadas como intromisiones. Mientras las protestas continúan en Bolivia, ambos gobiernos parecen optar por una escalada retórica que, aunque sin llegar a la ruptura total, deja en evidencia las profundas diferencias ideológicas y la sensibilidad de cada administración frente a la injerencia externa. Por ahora, la salida del encargado de negocios boliviano de Bogotá es el capítulo más reciente de este pulso diplomático que tiene como telón de fondo la compleja realidad social del país vecino.
