El senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunció nuevas amenazas de muerte que, según advirtió, estarían orquestadas por grupos armados ilegales en presunta complicidad con actores políticos. El congresista, quien desarrolla su actividad política en el Congreso de la República y en el departamento de Norte de Santander, anunció que presentará pruebas con nombres de los supuestos responsables materiales e intelectuales de estas intimidaciones, las cuales vinculó directamente con sus denuncias y debates en el Legislativo, así como con sus alertas sobre el orden público y la criminalidad en esa región del país.
Chacón, que ya había alertado sobre amenazas desde septiembre de 2025, solicitó garantías a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y aseguró contar con documentos e información que comprometerían a los presuntos responsables. “Quiero dejar pública la solicitud y ratificar que nos han llegado informaciones de la misma índole”, declaró el senador, quien relacionó estas intimidaciones con el caso de Miguel Uribe Turbay, asesinado por la Segunda Marquetalia pese a alertas previas a la UNP, según señaló.
Señalamientos directos y pruebas en curso
En sus declaraciones, el congresista fue enfático al señalar a quienes estarían detrás de las amenazas, afirmando que “al parecer, son los que están fraguando con esos grupos delincuenciales todos los actos contra nuestra existencia y actividad política”. Chacón también dejó constancia de que su denuncia no es reciente, al subrayar: “Que después digan que no hubo solicitudes de seguridad ni de las amenazas. Aquí estamos dejando constancia desde hace meses”.
“Quiero dejar pública la solicitud y ratificar que nos han llegado informaciones de la misma índole”
Alejandro Carlos Chacón, senador del Partido Liberal
Pese al clima de intimidación, el senador aseguró que continuará con su actividad pública y que enfrentará políticamente a las estructuras criminales. La denuncia, difundida inicialmente por Revista Semana y Colprensa, se enmarca en un ambiente de creciente violencia política y alertas de seguridad contra dirigentes y candidatos en varias regiones del país, donde los debates sobre orden público y criminalidad han puesto en la mira a varios congresistas.
