Una fuerte controversia se desató este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, luego de que la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, acusara a la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, de haber roto el quórum durante la sesión programada para debatir el proyecto de ley que busca regular los contratos de prestación de servicios en el Estado. Según Lozano, la salida intempestiva de Carrascal impidió la discusión y puso en riesgo de hundimiento una iniciativa que beneficiaría a aproximadamente un millón y medio de trabajadores que actualmente laboran bajo esta modalidad sin garantías laborales mínimas.
La sesión, que estaba citada para las 9:00 de la mañana del martes 20 de mayo de 2025, contaba inicialmente con el quórum mínimo decisorio de 11 representantes. Sin embargo, la salida de Carrascal redujo el número por debajo de ese umbral, lo que obligó a levantar la discusión. Lozano no dudó en calificar la acción como un acto de sabotaje contra los contratistas, a quienes describió como las personas más vulnerables dentro del sistema laboral colombiano. “Jodieron a los más jodidos, a los contratistas de prestación de servicios”, expresó la senadora con visible indignación. Agregó que “siete veces hemos presentado un proyecto para darles garantías. Ellos no saben lo que son las cesantías, las vacaciones, las primas o la estabilidad”.
Un proyecto que busca dignificar la contratación estatal
El proyecto de ley, radicado en agosto de 2024 por la senadora Lozano y otros congresistas de la Alianza Verde, como Olga Lucía Velásquez, Wilmer Castellanos, Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo y Cristian Avendaño, busca otorgar garantías laborales mínimas a los contratistas por prestación de servicios en entidades públicas. Entre los beneficios contemplados están el acceso a cesantías, primas, vacaciones, estabilidad y una remuneración justa, mientras se avanza hacia la formalización laboral. Lozano ha calificado el actual esquema de contratación como una forma de “esclavitud moderna”, y señaló que muchos contratistas se ven obligados a asumir el costo total de la seguridad social, recurriendo incluso a préstamos para cumplir con esos pagos. “La gente sale de una quimioterapia y tiene que ir a trabajar al otro día destruida, porque si suspende el contrato de servicios no come”, afirmó.
Esta es la séptima vez que se presenta una iniciativa similar en el Congreso. El proyecto ya había superado dos debates en el Senado y cursaba su tercer debate —el primero en la Cámara de Representantes—, pero ahora enfrenta una fecha límite crítica: el 20 de junio de 2025, cuando vence el término legislativo para que complete su trámite. Si no se logra avanzar antes de esa fecha, la iniciativa se archivará, dejando sin posibilidad de mejorar las condiciones de millones de trabajadores que viven en la incertidumbre laboral.
La postura de Carrascal: “No voy a acompañar un proyecto inconstitucional”
Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal defendió su decisión de retirarse de la sesión argumentando que el proyecto, en su estado actual, no combate el clientelismo y, por el contrario, legaliza el fraude laboral. En un comunicado, Carrascal sostuvo que “el proyecto de ley, en su estado actual, no saca de ninguna esclavitud clientelista a nadie, sino que la profundiza”. Aseguró que aprobar la iniciativa tal como está significaría “una legitimación por parte del poder legislativo del fraude laboral contra millones de trabajadores del Estado”. Según su análisis, “ningún artículo del proyecto permite avanzar ni un centímetro de manera efectiva contra la discrecionalidad en las OPS”.
A pesar de su oposición, Carrascal dejó abierta la puerta al diálogo. “Cuenten conmigo para construir un acuerdo alrededor de un proyecto que mejore las condiciones de los contratistas, pero no voy a acompañar un proyecto abiertamente inconstitucional, que legaliza por derecha el fraude laboral”, manifestó. La representante del Pacto Histórico subrayó que está dispuesta a integrar la comisión de ponentes para construir consensos, pero no respaldará una iniciativa que considere perjudicial para los trabajadores.
“La representante María Fernanda Carrascal le jugó sucio a los contratistas de prestación de servicios. Aquí los perjudicados no somos los contradictores políticos. Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad”.
Angélica Lozano, Senadora de la República
La controversia deja en vilo el futuro de una iniciativa que busca regular un universo laboral que afecta a cientos de miles de colombianos que prestan servicios al Estado sin garantías laborales. Mientras tanto, el reloj legislativo corre, y la posibilidad de que esta sea la séptima vez que un proyecto de este tipo se archive sin éxito es cada vez más real. La Comisión Séptima deberá buscar una nueva fecha para retomar el debate, pero el tiempo apremia y las posiciones encontradas entre los dos partidos de la coalición de gobierno amenazan con dejar a los contratistas una vez más en la misma situación de desprotección.
