La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General solicitaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que mantenga en firme la condena impuesta a Yolanda Cossio Rincón, exsecretaria y exjefa del programa de Derecho, y a Juan Felipe Hernández Giraldo, exsubsecretario académico de la Universidad de Medellín, por el delito de falsedad ideológica en documento público. La petición se conoció durante la audiencia de casación celebrada ante el magistrado ponente Hugo Quintero Bernate, en el marco del caso que involucra la expedición irregular del título de abogado al exsenador Julián Bedoya Pulgarín.
Según la investigación, los exdirectivos habrían orquestado una serie de acciones planificadas para simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes. Entre estas se cuentan el reintegro extemporáneo de Bedoya a la institución, la fijación exprés de exámenes y la convocatoria a jurados externos, todo con el propósito de facilitar la obtención fraudulenta del título profesional. La condena original, emitida el 15 de enero, impone penas de hasta cinco años de prisión —con posibilidad de prisión domiciliaria— y una inhabilitación para ejercer funciones o cargos públicos por un periodo de hasta 72 meses. En el proceso también están señalados Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús Hincapié y Saúl Benítez.
Fiscalía desvirtúa argumentos de la defensa
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, fue contundente al exponer las irregularidades cometidas por los condenados. Orjuela señaló que Hernández Giraldo permitió el reintegro de Julián Bedoya sin que se estudiara la convalidación de las asignaturas cursadas con anterioridad, un acto que calificó como determinante para que luego interviniera Yolanda Cossio. Según la fiscal, Cossio fijó de manera exprés la presentación de múltiples pruebas, convocó a extraños jurados y, en alguna oportunidad, completó el quórum calificador de los exámenes, todo con la clara orientación de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes para que el funcionario competente pudiera consignar en documento público ese contenido.
«Es indiscutible que Hernández Giraldo permitió el extemporáneo reintegro de Julián Bedoya sin que se estudiara la convalidación de las asignaturas cursadas con anterioridad»
Marlene Orjuela, Fiscal del caso
«Le permitió ser considerado como estudiante de la facultad, aspecto trascendente para que interviniera Yolanda Cossio quien fijó de manera exprés la presentación de múltiples pruebas, convocar a extraños jurados y de completar en alguna oportunidad el quórum calificador de los exámenes. Todo con la clara orientación de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes para que el funcionario competente pudiera consignar en documento público ese contenido»
Marlene Orjuela, Fiscal del caso
La defensa de los exdirectivos había presentado un recurso de casación argumentando una supuesta falta de imparcialidad del tribunal, alegato que la Fiscalía rechazó de plano. Orjuela explicó que no existe vocación de prosperidad en ese argumento, pues la defensa especula sobre la supuesta influencia del magistrado Roldán Restrepo sobre los demás integrantes de la Sala. Al revisar la sentencia, advirtió la fiscal, se evidencia una deliberación autónoma e independiente, y el propio Roldán Restrepo aclaró su voto, lo que demuestra lo contrario a lo planteado por la defensa. Por su parte, el procurador delegado solicitó respetuosamente a la corporación no casar la sentencia impugnada y mantener incólume la condena impuesta a Cossio y Hernández Giraldo.
«En mérito de lo expuesto, este representante de la sociedad solicita respetuosamente a esta corporación no casar la sentencia impugnada y en consecuencia, mantener incólume la condena impuesta a Yolanda Cossio y Juan Felipe Hernández Giraldo»
Procurador delegado
El caso tiene su origen en la expedición del título de abogado al exsenador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín, respecto del cual la Universidad de Medellín solicitó la suspensión provisional del acta de grado y el diploma por presunta violación de disposiciones académicas. La Corte Suprema de Justicia deberá emitir su decisión definitiva en las próximas semanas, definiendo así si la condena contra los exdirectivos se mantiene firme o si, por el contrario, se acogen los argumentos de la defensa.
