El Consejo de Estado ordenó frenar el beneficio que mantenía suspendidas las órdenes de captura de siete cabecillas de grupos criminales en Antioquia, reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro como interlocutores de la llamada ‘paz urbana’. La decisión se produjo al acoger una demanda de nulidad interpuesta por la Gobernación de Antioquia contra una resolución de la Fiscalía que había suspendido las capturas, lo que reabre el debate sobre el alcance de esta iniciativa de desarme y transición a la legalidad en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
El tribunal administrativo determinó revocar la suspensión que beneficiaba a Luis Rodrigo Rodríguez, alias el Montañés, del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Alber, excabecilla de Los Pachelly; Andrés Dimaria Oliveros Correa, alias Mundo Malo, del GDO La Silla; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo, excabecilla de Los Triana; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, excabecilla de La Oficina; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado, vinculado a La Oficina; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, excabecilla de Los Pachelly. Todos ellos suman décadas de trayectoria criminal y múltiples procesos judiciales por delitos que van desde homicidio agravado y extorsión hasta desplazamiento forzado y financiación del terrorismo.
Los perfiles de los siete cabecillas
Alías el Montañero acumula 28 años de vida criminal y fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Capturado el 26 de noviembre de 2019, tiene antecedentes por hurto, cohecho, falsedad material y porte ilegal de armas; además, participó en atracos a carros de valores en Bogotá. La Fiscalía le había otorgado la suspensión de captura a nombre de Gustavo Adolfo Pérez Peña, identidad que en la Registraduría aparecía cancelada por doble cedulación. También es investigado por el asesinato de alias Titi, jefe de Los Pachelly, ocurrido en una cárcel de Boyacá, y por crímenes en el Oriente antioqueño, donde El Mesa disputa territorio con el Clan del Golfo.
Alber Antonio Henao Acevedo, con más de 25 años de trayectoria y más de nueve procesos judiciales, fue capturado el 19 de enero de 2019 por concierto para delinquir agravado con pena de 7 años. Sus procesos incluyen amenazas, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición forzada y financiación del terrorismo. Andrés Dimaria Oliveros Correa, alias Mundo Malo, con más de 25 años de carrera ilegal, fue condenado a 231 meses de cárcel por desplazamiento forzado, extorsión agravada y concierto para delinquir. Fue capturado en Santiago de Chile en julio de 2015 y también tiene procesos en Medellín por terrorismo, amenazas e instigación.
Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo, acumula más de 18 años de trayectoria criminal y tiene procesos en Medellín por concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas e instigación. Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, con más de dos décadas en la ilegalidad, enfrenta procesos por concierto para delinquir, terrorismo, amenazas, instigación y financiación del terrorismo. Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado, tiene seis procesos activos por hurto agravado, peculado, secuestro extorsivo, extorsión y porte ilegal de armas. Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, registra cuatro procesos por fabricación, tráfico y porte de armas; terrorismo, amenazas e instigación; y concierto para delinquir agravado.
La Gobernación de Antioquia había demandado la nulidad de la resolución de la Fiscalía que suspendía las capturas, argumentando que ese beneficio desvirtuaba los fines de la justicia y permitía a estos cabecillas evadir la acción penal mientras negociaban su sometimiento. El Consejo de Estado, al acoger la demanda, ordenó la reactivación inmediata de las órdenes de captura, lo que devuelve a la Fiscalía y a los jueces la capacidad de ejecutar las detenciones pendientes.
El gobierno de Gustavo Petro impulsa la ‘paz urbana’ como una estrategia para desarmar y transitar a la legalidad a bandas criminales y grupos delincuenciales organizados en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Sin embargo, esta decisión judicial pone en jaque el proceso al retirar la inmunidad temporal que gozaban siete de sus principales interlocutores. Las estructuras controladas por estos cabecillas —El Mesa, Los Pachelly, La Silla, Los Triana y La Oficina— se mantienen como actores centrales de economías ilegales como la extorsión, el microtráfico y el desplazamiento forzado en la región.
La noticia genera tensión en los territorios donde operan estos grupos, pues la reactivación de las capturas podría desatar reacciones violentas o frenar los diálogos que hasta ahora se adelantaban. Mientras tanto, la Gobernación de Antioquia celebró el fallo como un triunfo de la justicia sobre la impunidad, y la Fiscalía deberá ajustar su estrategia frente a un proceso de paz que, al menos por ahora, pierde a sus principales garantes de cese de hostilidades.
