Un mural pintado cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, Antioquia, desató una aguda confrontación política el pasado martes 19 de mayo, al recordar la cifra de 7.837 jóvenes que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate durante su gobierno. La intervención artística, realizada por simpatizantes del Pacto Histórico sobre una obra pública en construcción, provocó la reacción inmediata del exmandatario, quien regresó a su casa, tomó un rodillo y cubrió el mensaje con pintura. La asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) salió en defensa de la iniciativa, mientras que el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, calificó el mural como un uso indebido de la infraestructura pública y un acto de provocación.
La cifra de 7.837 proviene de los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que corresponden a jóvenes, en su mayoría pobres o con discapacidad, asesinados por miembros del Ejército entre 2002 y 2008 para ser presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de recompensas o beneficios. Este episodio, considerado uno de los más oscuros del conflicto armado colombiano, volvió al centro del debate cuando el mural apareció frente a la residencia de Uribe en Rionegro. El representante a la Cámara electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, quien participó en la movilización junto a organizaciones sociales, colectivos de víctimas, medios alternativos y defensores de derechos humanos, explicó que el objetivo era «hacer pedagogía de la memoria con la cifra de los 7.837 falsos positivos que arrojó la JEP».
Reacción de Uribe y defensa de las víctimas
Álvaro Uribe Vélez, quien suspendió su agenda en Medellín para regresar a su residencia tras la movilización, calificó el mural como una «provocación de violencia» y lo vinculó directamente con el senador Iván Cepeda, a quien señaló como «vocero de grupos terroristas». En su cuenta de X, el expresidente advirtió: «Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos. Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda». La reacción de Uribe, cubriendo personalmente el mural con pintura, fue interpretada por sus críticos como un intento de silenciar la memoria de las víctimas.
En contraste, la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá emitió un pronunciamiento el 20 de marzo de 2026 (fecha consignada en el texto original, aunque con posible error) en el que afirmó: «No podrán borrar de sus memorias +7837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate». La organización defendió el mensaje como un acto legítimo de recordación y exigencia de justicia, en medio de la controversia generada por la intervención artística. El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, por su parte, declaró que si bien la administración local respeta el derecho a la protesta, consideró que el mural se pintó en una obra pública en construcción, lo que constituye un uso indebido y una provocación hacia el expresidente y los vecinos del sector.
El episodio reactivó el debate sobre el legado del gobierno de Uribe y su presunta responsabilidad en los falsos positivos, un tema que la JEP ha documentado con 7.837 casos. Mientras los simpatizantes del exmandatario defienden su gestión en seguridad, las víctimas y organizaciones de derechos humanos insisten en que la memoria histórica no puede ser borrada con un rodillo de pintura. La confrontación en Rionegro deja en evidencia las profundas divisiones que persisten en Colombia alrededor de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado.
