La Unidad Nacional de Protección (UNP) negó rotundamente, el pasado 21 de mayo, las denuncias de una posible vigilancia ilegal a través de un software de geolocalización que, según los denunciantes, permitiría rastrear la ubicación de escoltas y personas protegidas dos veces al día, además de acceder a cámaras y audios de los dispositivos. La controversia comenzó el 16 de mayo, cuando Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la UNP, y Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, hicieron pública su preocupación a través de Infobae Colombia, comparando la herramienta con las interceptaciones ilegales que caracterizaron al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y advirtiendo sobre posibles riesgos laborales como la implementación de una tarifa única que reduciría los salarios de los escoltas.
Frente a estas acusaciones, la UNP emitió un comunicado oficial en el que explicó que el aplicativo en cuestión no realiza seguimientos ilegales, sino que busca reforzar la seguridad y controlar prácticas irregulares como los inicios de servicios de protección sin acompañamiento real, los cobros por viáticos no efectuados y la facturación en lugares donde no se presta el servicio. La entidad convocó a operadores y gerentes para socializar el sistema, aunque no reveló el origen ni el desarrollador del software, un punto que ha avivado la desconfianza entre los sectores críticos.
La defensa de la UNP y las críticas a los opositores
En su respuesta, la UNP calificó de «dinosaurios» a los líderes sindicales que se oponen a la implementación de nueva tecnología, una expresión que generó malestar entre los denunciantes. La entidad afirmó en su comunicado que «resulta llamativo que justamente algunos sectores que hoy pretenden generar temor y desinformación sean los mismos que históricamente se han opuesto a los mecanismos de control, trazabilidad y transparencia en la prestación del servicio de protección». Asimismo, detalló que el aplicativo únicamente permite validar que el esquema de protección se encuentre prestando el acompañamiento asignado mediante un mecanismo de verificación de cercanía operativa y confirmación por código enviado al beneficiario, sin registrar la ubicación exacta del protegido, sino un área de validación necesaria para certificar la prestación real del servicio.
«La protección no puede empezar a confundirse con vigilancia. Y en un país con antecedentes tan graves como lo ocurrido con el DAS en la historia reciente, resulta apenas legítimo que nosotros, los liderazgos sociales, los mismos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, expresen la preocupación frente a herramientas que implican georreferenciación, acceso a dispositivos móviles o capacidades similares.»
Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales
Pese a las explicaciones oficiales, persiste la controversia sobre la transparencia y el control del software, ya que los denunciantes señalan que se desconoce el origen y el desarrollador de la herramienta, lo que incrementa los temores en un país donde el espionaje ilegal del DAS sigue siendo una herida abierta. La UNP, por su parte, insiste en que la tecnología busca minimizar prácticas irregulares y garantizar la efectividad de la protección, pero la falta de información detallada mantiene la incertidumbre entre escoltas y beneficiarios, quienes exigen mayor claridad sobre el alcance y los límites del sistema de geolocalización.
