Una denuncia penal fue radicada este 21 de mayo ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá contra el alcalde de Tierralta (Córdoba), Jesús David Contreras Rodríguez; la secretaria de Planeación Municipal, Deyanira Ortega Negrete; el secretario de Infraestructura, Jorge Eliecer Muñoz Castillo; así como representantes legales del consorcio contratista y del consorcio interventor, por presuntas irregularidades en la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata. La obra, contratada mediante el proceso LP-MT-020-2025, representa una inversión superior a los 6.000 millones de pesos en recursos públicos y se estaría ejecutando dentro del predio privado denominado “Puerto Rico”, sin que el municipio haya adquirido el terreno ni adelantado los procedimientos legales correspondientes.
La denunciante, Adriana Isabel Gómez, propietaria del predio afectado, realizó un estudio topográfico particular que confirmó que las obras invaden su propiedad. Según la denuncia, la administración municipal no ha respondido de manera clara sobre la titularidad del terreno y, aunque ha reconocido públicamente la necesidad de adquirir el área e incluso ha mencionado la posible suspensión de los trabajos para iniciar un proceso de expropiación, nunca se ha contactado a la dueña para acordar una compra o negociación directa.
Denunciante exige investigación integral
Gómez se desplazó desde Montería hasta la capital del país para presentar la denuncia, en la que se imputan posibles delitos de peculado por apropiación, contrato sin el lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. La solicitud presentada ante la Fiscalía pide adelantar una investigación exhaustiva que incluya el análisis del expediente contractual, estudios previos, diseños y planos, una inspección judicial al sitio, peritajes topográficos independientes, información catastral y registral del predio, declaraciones de funcionarios, contratistas e interventores, verificación de pagos y la determinación de si hubo procesos de compra, expropiación o constitución de servidumbres.
«Me vine desde Montería a la Fiscalía General de la Nación a denunciar. La propiedad en Colombia se respeta, tenemos que respetar nuestros derechos y estoy pidiendo que la Fiscalía General de la Nación ponga la lupa sobre este proceso. Nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Colombia, nosotros no nos pueden quitar lo que con esfuerzo y con trabajo hemos luchado. Yo soy la dueña del predio y el alcalde jamás me ha llamado y dice ahora que me va a expropiar».
Adriana Isabel Gómez, denunciante y propietaria del predio “Puerto Rico”
La denunciante había solicitado previamente información a la administración municipal sobre la naturaleza jurídica del terreno, pero la Secretaría de Planeación trasladó la responsabilidad a otras dependencias sin ofrecer una respuesta concreta. La postura del municipio, que ahora plantea una posible expropiación, es calificada por Gómez como insuficiente y tardía, mientras la obra continúa avanzando sobre una propiedad privada sin que se haya respetado el debido proceso. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de este proyecto de infraestructura vial.
