La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó la extinción de dominio de la casa museo de Pablo Escobar ubicada en el sector de La Asomadera, en Las Palmas, Medellín, y anunció su transformación en un proyecto social orientado a la atención de niños, niñas y adolescentes. La decisión, celebrada por el alcalde Federico «Fico» Gutiérrez el pasado 20 de mayo y ratificada mediante un comunicado de la SAE al día siguiente, representa el cierre de un capítulo vinculado al narcotráfico y la exaltación del crimen en la capital antioqueña.
El inmueble, avaluado en más de 6.000 millones de pesos colombianos, será donado a una fundación seleccionada mediante invitación pública como parte de la estrategia «Bienes que Transforman». El predio, de estrato cinco, estaba vinculado a economías ilícitas del narcotráfico y se utilizaba para el denominado ‘narcoturismo’, atrayendo a visitantes que buscaban conocer la historia del capo. Según datos históricos, entre 1983 y 1994, Medellín registró 46.612 víctimas de muerte violenta relacionadas con el narcotráfico, un saldo que el alcalde Gutiérrez describió como «infinitas heridas y cicatrices en nuestras familias: camas vacías, huérfanos y viudas».
Un pasado ligado al crimen y su transformación social
La propiedad fue adquirida originalmente por Pablo Escobar con dinero del narcotráfico. Tras la muerte del capo en 1993, su esposa Victoria Henao la entregó en 1996 a las hermanas del criminal, Marina y Gloria Escobar. Ellas no habitaron el lugar, sino que fue administrado por Roberto Escobar, conocido como «El Osito», quien operó un museo sobre la vida de Pablo Escobar, vendió presuntas falsas obras de arte y ofreció charlas a turistas. La propietaria inicial del inmueble fue Gilma Aidée Urdinola Ospina, familiar de Iván Urdinola, cabecilla del extinto Cartel del Norte del Valle, lo que refuerza su origen ilícito.
«Ahora que el bien se encuentra extinto, desde la SAE tomamos la decisión de transformar este bien, que durante años estuvo ligado a la exaltación del narcotráfico, en un espacio útil para la sociedad y especialmente para la niñez. La instrucción ha sido clara: los bienes provenientes de economías ilícitas deben ponerse al servicio de las comunidades.»
Andrés Salazar, vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE.
«La mafia ha dejado infinitas heridas y cicatrices en nuestras familias: camas vacías, huérfanos y viudas. […] Esta propiedad, que hoy pasa a manos del Estado, fue obtenida producto de dineros del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades.»
Federico «Fico» Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Con la extinción de dominio ahora ejecutada, la SAE avanza en el proceso de convertir el espacio en un centro para la protección, formación y desarrollo integral de la niñez. El anuncio del alcalde Gutiérrez fue realizado inicialmente en su cuenta de la red social X, y el vicepresidente de la SAE, Andrés Salazar, reiteró el compromiso de poner los activos incautados al servicio de la comunidad. La decisión marca un hito en la lucha contra la exaltación del crimen y el narcoturismo, transformando un símbolo de dolor en una oportunidad para las nuevas generaciones.
