El Ministerio del Trabajo de Colombia, bajo la dirección del ministro Antonio Sanguino, ha anunciado un proyecto histórico: la renovación total del Código Sustantivo del Trabajo (CST), un texto que ha regido las relaciones laborales en el país desde el 7 de junio de 1951, para ser reemplazado por un nuevo Estatuto del Trabajo. El anuncio se realizó en el marco de una audiencia pública celebrada en la sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), en el sur de Bogotá, y la radicación del proyecto de ley está prevista para el 20 de julio de 2026. El evento contó con la participación de la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, y de líderes sindicales de las centrales CUT, CTC, ADE y CGT, quienes serán actores clave en la construcción de la nueva normativa.
El actual CST, adoptado mediante el Decreto Ley 2663 de 1950 y promulgado el 9 de septiembre de ese año, será reemplazado por un estatuto que, según el Gobierno, modernizará las relaciones laborales tanto en el sector público como en el privado, fortalecerá los derechos de los trabajadores y ampliará los espacios de diálogo social entre el Estado y las organizaciones sindicales. La iniciativa busca atender los retos contemporáneos del mundo del trabajo, que han quedado rezagados frente a un código diseñado hace más de siete décadas. Durante la audiencia, la CGT presentó casos de violaciones a derechos laborales, lo que llevó al Ministerio a comprometerse a realizar visitas de inspección y a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, en una muestra de la aplicación inmediata de la nueva lógica de protección.
La batalla por los ahorros pensionales y el diálogo como eje central
En un tono firme, el ministro Antonio Sanguino vinculó este anuncio con la agenda social más amplia del Gobierno, especialmente en materia pensional. “Estamos batallando contra los fondos privados por medio de la reforma pensional, que está ‘engavetada’ en la Corte Constitucional. Asimismo, a pesar de que el Consejo de Estado ha fallado en contra de los ahorros de los colombianos, impidiendo que estos dineros se trasladen junto con ellos de los fondos privados al fondo público, vamos a dar hasta el último suspiro para que a la gente se le respeten sus ahorros”, declaró el funcionario. Sanguino subrayó que la protección de los recursos de los ciudadanos es una instrucción “directa y claramente” recibida del presidente Gustavo Petro, y reiteró que “vamos a dar hasta el último suspiro para que a la gente se le respete sus recursos, sus ahorros y su derecho a una pensión en dignidad”. Cabe recordar que la Reforma Laboral comenzó a aplicarse en julio de 2025, mientras que la reforma pensional se encuentra actualmente en trámite ante la Corte Constitucional, rodeada de controversias jurídicas sobre la transferencia de fondos entre los sistemas público y privado.
“No puede ser una conversación por el día de hoy, sino que debe ser una conversación permanente. ¿Y por qué esta conversación es importante para el Gobierno? Porque quizás el cambio más importante, y con ello no quiero decir que los otros no lo sean, el cambio más importante del Gobierno del presidente Gustavo Petro es que asuntos que antes eran de dominio exclusivo de una élite tecnocrática, que se cree todavía dueña de la verdad y que se creen propietarios de temas que, según ellos, son solo comprensibles por esa élite tecnocrática, ahora son asuntos de conversación cotidiana y de conversación pública en el país.”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
El ministro enfatizó que este nuevo estatuto no será una imposición, sino el resultado de un proceso participativo y permanente con los trabajadores y sus organizaciones. “Quiero reiterar que este Ministerio del Trabajo es el Ministerio de las y los trabajadores de Colombia”, afirmó Sanguino, en un claro mensaje sobre el cambio de enfoque en la política laboral. El Gobierno sostiene que la democratización de estos debates, antes reservados a una élite tecnocrática, es uno de los legados más significativos de esta administración. Con la mirada puesta en el 20 de julio de 2026, el país se prepara para una discusión profunda que definirá el futuro de las relaciones laborales, en un contexto donde la protección de los derechos y la participación sindical se erigen como pilares fundamentales de la nueva legislación.
