En un fallo que sacude el entramado judicial antinarcóticos del país, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió el pasado 21 de mayo de 2026 a Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya, y a otros seis procesados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión se fundamentó en la insuficiencia probatoria de la Fiscalía, que no logró acreditar el origen ilícito de los bienes ni demostrar la vinculación de los acusados con el Clan del Golfo, como se había señalado en la investigación inicial. Entre los absueltos se encuentran María Luisa Botero Villa, Diana Patricia Reyes Narváez, Victar Bello Medrano, Juan Carlos Salazar Giraldo, Luis Fernando Molina Bedoya y Luz Marina Arboleda Ramírez, quienes ya habían estado bajo medida de aseguramiento y ahora recuperan su libertad por orden del tribunal.
El proceso se originó en febrero de 2024, cuando la Policía capturó a alias Soya en San Pelayo, Córdoba, y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo señaló de liderar una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada al Clan del Golfo, con capacidad de exportar hasta diez toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos y Europa. En abril de ese mismo año, la Fiscalía embargó 32 bienes en Antioquia —casas, fincas, locales comerciales, cuentas bancarias y certificados de depósito— avaluados en $17.500 millones, que presuntamente habrían sido adquiridos con dineros ilícitos. Sin embargo, el juzgado consideró que la acusación presentada en juicio no incluyó el delito de narcotráfico, y que las pruebas allegadas fueron insuficientes para demostrar que esos bienes provenían de actividades criminales.
Un yerro probatorio que marcó el fallo
La sentencia destaca que la Fiscalía incurrió en “un yerro en el descubrimiento probatorio” al presentar evidencias provenientes de otro expediente, lo que debilitó aún más su teoría del caso. Además, el único testigo presentado, un intendente de la Policía, no logró establecer cómo habían sido adquiridos los inmuebles ni demostrar la relación de los acusados con dineros del narcotráfico. En palabras del juzgado, citadas por El Colombiano: “Se pretendió con aquel testigo probar, por lo menos, qué bienes había adquirido este grupo de personas entre 2010 y 2023, pero esto no fue posible de ninguna de las personas que fueron acusadas. No fue posible tampoco probar cómo se habían obtenido dichos bienes inmuebles y muebles”. El tribunal añadió que “no fue posible por lo menos acreditar que esos bienes fueran adquiridos con dineros producto del narcotráfico, pero tampoco fue posible probar que tuvieran una procedencia de otras entidades delictivas”.
«Se pretendió con aquel testigo probar, por lo menos, qué bienes había adquirido este grupo de personas entre 2010 y 2023, pero esto no fue posible de ninguna de las personas que fueron acusadas. No fue posible tampoco probar cómo se habían obtenido dichos bienes inmuebles y muebles»
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia
Alias Soya era conocido en la región de Urabá como un empresario que operaba estaciones de gasolina y comercializadoras agroindustriales, negocios que, según la Policía, habrían servido para camuflar dineros del Clan del Golfo por cerca de $65.000 millones. La investigación abarcó a su núcleo familiar y socios: su cónyuge Diana Patricia Reyes Narváez, su madre Victar Bello Medrano, el contador de sus empresas Juan Carlos Salazar Giraldo, un contratista de la Alcaldía de Apartadó Luis Fernando Molina Bedoya y la representante legal de dos compañías investigadas, Luz Marina Arboleda Ramírez. Entre los absueltos también figura María Luisa Botero Villa, hija del exdirector de Coldeportes y expresidente de Atlético Nacional Andrés Botero, lo que añadió un componente mediático al proceso.
La absolución resuelve el proceso penal en contra de los siete acusados, pero no cierra todos los frentes judiciales. El expediente de extinción de dominio sobre los 32 bienes embargados sigue en curso en otra instancia, lo que implica que las propiedades bajo medida cautelar aún podrían ser objeto de decisiones judiciales independientes. Mientras tanto, alias Soya y los demás procesados recuperan su libertad, dejando un interrogante sobre la capacidad de la Fiscalía para construir casos sólidos en delitos financieros asociados al crimen organizado, y un precedente sobre los límites probatorios en investigaciones de lavado de activos.
