La Unidad Nacional de Protección (UNP) defendió la implementación de un software de geo-ubicación para conocer la ubicación de los esquemas de seguridad, rechazó categóricamente las acusaciones de espionaje por parte de líderes sindicales y sociales, y denunció graves casos de corrupción interna. En un comunicado, la entidad reveló que dos escoltas cobraron durante 17 meses por proteger a una persona que había salido del país, un caso que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.
El presunto fraude asciende a cerca de 26 millones de pesos mensuales, sumando salarios, viáticos y arriendo del vehículo asignado al esquema de seguridad. La beneficiaria, identificada como Chávez Giraldo, tenía asignada protección desde junio de 2022, pero según la UNP se encuentra fuera del país desde diciembre de 2024. La denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada el pasado 9 de mayo, luego de que un líder sindical hiciera público el caso a través del medio Infobae Colombia.
Software de acompañamiento, no de vigilancia
Frente a las críticas de dirigentes sindicales y sociales, que manifestaron temores de que el sistema pueda ser hackeado por terceros o constituya una forma de espionaje, la UNP aclaró que la herramienta no es un mecanismo de monitoreo permanente, sino un instrumento de acompañamiento y verificación. “Su único propósito es validar que el servicio de protección efectivamente se esté prestando cuando el protegido lo requiere y combatir prácticas de corrupción que durante años han afectado los recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo extraordinario y extremo”, señaló la entidad en su comunicado.
“La Unidad Nacional de Protección rechaza de manera categórica las versiones difundidas por algunos sectores, según las cuales esta entidad estaría desarrollando supuestos mecanismos de “espionaje” o “geo-vigilancia” contra personas protegidas y esquemas de seguridad”.
Comunicado oficial de la UNP
La UNP vinculó las críticas con prácticas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde el uso indebido de información sí fue una realidad. “Algunos dirigentes sindicales que calumnian a la UNP en medios de comunicación con falsas acusaciones sobre presunto espionaje, reproducen prácticas profundamente cuestionables heredadas de entidades del pasado como el extinto DAS”, afirmó el organismo.
Corrupción y falta de controles
La entidad aseguró que el software busca reducir la dependencia de sistemas externos de GPS y evitar que particulares controlen información sensible sobre los protegidos. Durante la investigación interna se detectaron situaciones donde los escoltas reportaban desplazamientos oficiales y legalizaban viáticos, mientras los vehículos asignados permanecían alquilados, prestados o sin operación real. En el caso concreto de Chávez Giraldo, la UNP confirmó que se realizó una valoración de riesgo de manera virtual y sin verificación presencial para reafirmar la asignación de protección, pese a la ausencia de la beneficiaria. La divulgación de información sobre espacios privados fue calificada por la UNP como “irresponsable”, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones correspondientes.
