El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno Nacional por la decisión de continuar la Mesa de Paz Urbana con cabecillas de estructuras criminales que se encuentran recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí. Según Gutiérrez, estos grupos armados siguen delinquiendo desde prisión, controlando extorsiones, amenazas y el microtráfico en las comunidades del Valle de Aburrá. La controversia se reactiva casi dos meses después del escándalo por una fiesta vallenata realizada en el penal, donde participaron voceros de las organizaciones ilegales que hacen parte del proceso de diálogo.
El mandatario local fue contundente en sus declaraciones al referirse a los internos de Itagüí que participan en las mesas de paz: “Toda esa gente que está allá en Itagüí, nos amenazan, mandan mensajes, amenazan a la gente en las comunidades, intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, son los que cobran la extorsión. Desde allá disque hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente, pero ya casi se les va a acabar la guachafita”. Las palabras de Gutiérrez reflejan la tensión entre la administración municipal y el Ejecutivo nacional en torno a la estrategia de la “paz total” impulsada por Petro.
Reacciones y controversia
Frente al rechazo de Gutiérrez, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado en el que confirmó que el proceso de negociación “no se suspende”, argumentando que la mesa es un mecanismo legítimo para buscar desescalar la violencia en el Valle de Aburrá. En el documento, la entidad acusó a la Fiscalía General de realizar acciones “hostiles” y de ejercer una “persecución judicial” contra los procesos de paz urbana. Además, señalaron que hay intentos de sabotaje y barreras institucionales que dificultan el avance del diálogo. La Consejería Comisionada de Paz también denunció que las resoluciones de la Fiscalía “no cumplen los requisitos” y pidió una revisión de las órdenes de captura que afectan a los voceros de las estructuras criminales.
La senadora Isabel Zuleta se sumó al debate al señalar deficiencias en los procesos de revisión de las órdenes de captura, sugiriendo que el sistema judicial está generando obstáculos para el desarrollo de las conversaciones. Mientras tanto, en el ámbito local, Gutiérrez insistió en que los logros en materia de seguridad en Medellín son fruto de su gestión y de los operativos policiales, no de la mesa de paz, y reiteró que mientras los cabecillas sigan operando desde la cárcel, no hay condiciones reales para un proceso de paz genuino.
“Toda esa gente que está allá en Itagüí, nos amenazan, mandan mensajes, amenazan a la gente en las comunidades, intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, son los que cobran la extorsión. Desde allá disque hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente, pero ya casi se les va a acabar la guachafita”.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El anuncio de la reanudación de la Mesa de Paz Urbana se produce luego del escándalo desatado por la fiesta vallenata en la cárcel La Paz, en la que participó el cantante Nelson Velásquez. Aquel evento, ocurrido hace casi dos meses, avivó el debate sobre la legitimidad de las conversaciones con grupos criminales que siguen activos en las calles. La Consejería Comisionada de Paz, por su parte, también manifestó preocupación por las dificultades que enfrentan con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la falta de avance legislativo para implementar mecanismos de justicia restaurativa. En medio de este cruce de acusaciones, la administración de Gutiérrez mantiene su postura de combatir a las estructuras armadas mediante operativos de inteligencia y fuerza pública, en abierto desafío a la política de paz urbana del Gobierno Nacional.
