El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, junto con el general William Rincón, director de la Policía Nacional, y la cúpula militar, anunció el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en los 13.489 puestos de votación de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Este plan estratégico, presentado a menos de una semana de los comicios, incluye la protección de los 13 candidatos presidenciales y sus familias, así como el acompañamiento en eventos públicos. Sánchez afirmó que «la fuerza pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia», en un contexto de tensiones políticas y amenazas de grupos armados organizados en regiones como Cauca, Catatumbo y Bajo Cauca antioqueño.
Del total de efectivos desplegados, las Fuerzas Militares cubrirán el 43% de los puestos de votación, mientras que la Policía Nacional asumirá el 57% restante, con apoyo de aeronaves, helicópteros, sistemas antidrones y personal especializado. La coordinación se realizará a través de 35 Puestos de Mando Unificados (PMU) distribuidos en todo el territorio nacional. En Cundinamarca, se detalló un operativo específico con 6.000 efectivos —3.307 policías y 3.141 soldados de la Décima Tercera Brigada— que cubrirán 116 municipios, 684 puestos de votación y 6.916 mesas electorales. Además, se priorizaron 67 municipios con mayor nivel de riesgo, identificados mediante un mapa de prevención y seguridad electoral elaborado con base en antecedentes históricos y denuncias recientes.
Zonas de alto riesgo y medidas disuasivas
Las autoridades identificaron 32 puntos con riesgo de hechos violentos y 38 municipios con amenazas no violentas. Sánchez señaló que «en todos esos sitios hemos desplegado todas las capacidades», haciendo énfasis en regiones como Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una zona del Tolima. Para disuadir posibles actos de sabotaje o violencia, se ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información sobre atentados contra candidatos. Asimismo, la Línea 157, habilitada por la Fiscalía General de la Nación, ofrece una recompensa máxima de 50 millones de pesos por denuncias de delitos electorales; durante las elecciones legislativas pasadas, esta línea recibió 7.096 llamadas, permitió incautar 3.759 millones de pesos en efectivo y capturar a 88 personas.
«La violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie»
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Hasta el momento, la Fuerza Pública ha custodiado 625 actividades de campaña en plaza pública. El plan de seguridad también contempla la instalación de lectores biométricos en algunos municipios de Cundinamarca, donde la Fiscalía tendrá presencia en 90 municipios, con más de 400 funcionarios del CTI y 13 puntos de atención. Allí se dispusieron 3 centros de acopio digital y 14.697 jurados de votación. La Gobernación de Cundinamarca activó medidas especiales de vigilancia y atención judicial, incluyendo la digitalización en 57 municipios.
Ley Seca y cierre de campaña
Conforme al Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, la Ley Seca regirá desde el 30 de mayo, un día antes de la jornada electoral. Sánchez reiteró que «aeronaves, helicópteros, antidrones y hombres y mujeres de la Fuerza Pública están en operación», subrayando el compromiso del Gobierno nacional de asegurar un proceso democrático transparente y libre de violencia. El despliegue masivo busca transmitir confianza a la ciudadanía y evitar cualquier intento de desestabilización en unos comicios que se celebran en un clima de volatilidad política.
