Un informe de Human Rights Watch reveló que cientos de mercenarios colombianos fueron reclutados por una empresa privada de Emiratos Árabes Unidos, entrenados en bases militares emiratíes y desplegados en Sudán para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la milicia paramilitar acusada de crímenes de guerra y atrocidades generalizadas. La organización documentó que desde 2024, la compañía Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, contrató a ciudadanos colombianos para operaciones armadas en el conflicto sudanés, con presunto apoyo estatal de Emiratos Árabes Unidos, pese a las negativas oficiales de ese país.
Según la investigación de Human Rights Watch, los mercenarios eran trasladados a las bases militares de Ghiyathi y Al Wathba en Emiratos Árabes Unidos, donde recibieron entrenamiento de oficiales emiratíes. Posteriormente, eran enviados a Sudán, ingresando principalmente por Libia, para unirse a las fuerzas de las RSF. La presencia de estos contratistas fue documentada en El Fasher, capital de Darfur del Norte, en octubre de 2025, donde las RSF tomaron el control y perpetraron asesinatos y abusos que llevaron a la Misión de la ONU a señalar «indicios de genocidio». Además, se reportó la presencia de colombianos en campamentos alrededor de Nyala, en Darfur del Sur, donde un contratista confirmó a HRW haber entrenado a reclutas de las RSF, incluidos niños menores de 15 años.
Vínculos con el gobierno emiratí y reclutamiento infantil
El informe destaca que GSSG se presenta como la primera empresa de seguridad privada armada con licencia en Emiratos Árabes Unidos y tenía como clientes a ministerios clave del gobierno emiratí. Su fundador, Ahmed Mohammed al-Humairi, es secretario general de la Corte Presidencial de EAU, mientras que Mohamed Hamdan al-Zaabi figura como socio y directivo de la compañía. Estas conexiones refuerzan la tesis de que el despliegue de mercenarios colombianos forma parte del apoyo militar de EAU a las RSF, pese a que las autoridades emiratíes insisten en que su asistencia en Sudán es exclusivamente humanitaria. Human Rights Watch también verificó mediante fotografías y videos que los contratistas portaban proyectiles de 81 mm de fabricación búlgara desviados de arsenales de las Fuerzas Armadas de EAU.
«Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes Unidos respecto a su apoyo a las RSF y deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán».
Mausi Segun, directora de la División de África de Human Rights Watch
El contexto del conflicto sudanés, que enfrenta al Ejército regular con las RSF desde 2023, ha generado una crisis humanitaria de enormes proporciones. Las RSF ya habían sido incluidas por la ONU en la «lista de la vergüenza» por reclutamiento infantil, con 16 casos confirmados en 2024, y el nuevo informe de HRW revela que los contratistas colombianos entrenaron a niños pequeños —menores de 15 años— en los campamentos de Nyala, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional, que prohíbe reclutar menores de esa edad en conflictos armados. Videos publicados en redes sociales por grupos armados aliados al Ejército sudanés mostraron la interceptación de un convoy de colombianos que ingresó por Libia en noviembre de 2024, y residentes de El Fasher reportaron haber visto extranjeros «blancos» participando en asesinatos masivos, equipados con cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
Human Rights Watch compartió sus hallazgos con GSSG, funcionarios de Emiratos Árabes Unidos y otras partes involucradas, sin obtener respuesta alguna. El informe concluye con un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que investigue a GSSG y a Mohamed Hamdan al-Zaabi por posible violación del embargo de armas sobre Darfur, y recomienda imponer sanciones a EAU. «Es urgente que la comunidad internacional actúe», subrayó Mausi Segun, «para detener la impunidad y proteger a la población civil sudanesa».
